Investigan si el marido de Ana Rosa Quintana contrató a Villarejo por un caso de corrupción en Granada

Se le imputan varios delitos, entre ellos cohecho por una promoción de un parque industrial y la contratación de la obra de un parque público


madrid / colpisa

Un juzgado de Granada instruye desde el 2007 el caso Marchelo, en el que se investigan actuaciones urbanísticas presuntamente corruptas en el Ayuntamiento de Alhendín durante el gobierno del exalcalde popular José Guerrero. Once años de procedimiento que tiene atrapados, entre otros, a tres miembros de una familia sevillana con intereses en el polígono industrial Marchalendín. Se trata del patriarca Fernando Muñoz Noguera y dos de sus cinco hijos, Fernando y Juan Muñoz Tamara. Este último es el marido de la periodista Ana Rosa Quintana y, junto a su hermano, están investigados, además, en una de las piezas de la operación Tándem en la Audiencia Nacional, cuyo principal acusado es el comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión preventiva.

Fernando y Juan fueron detenidos el pasado 31 de julio, y dos días después quedaron en libertad. Están investigados por delitos de descubrimiento y revelación de secretos y extorsión. Los investigadores sospechan que la pieza separada que les afecta, Pintor, se refiere a la calle donde está el juzgado granadino y no a un cliente del exjuez Francisco Javier de Urquía, que inicialmente se señalaba como la persona que trataron presuntamente de extorsionar con un vídeo para cobrar una deuda de un cliente.

Servicio parapolicial

El día 6, De Urquía negó en la Audiencia Nacional haber sido extorsionado por los investigados o por el entorno de Villarejo, a quien los primeros encargaron este servicio parapolicial. Expulsado de la carrera judicial en el 2007 por aceptar dinero de un investigado en la operación Malaya, el ahora abogado se reconoció en dos vídeos hallados en los registros de la operación Tándem, si bien reiteró que no los usaron contra él.

Fuentes jurídicas señalaron que el objetivo de los Muñoz no era cobrar una deuda, sino que la Audiencia de Granada fallase a favor de su segundo recurso para archivar el caso Marchelo por dilaciones indebidas y no prorrogarlo otros 18 meses. En este caso, Juan Muñoz compareció como investigado en el 2007 por ser el principal promotor del polígono Marchalendín y porque aparecía en escuchas policiales al exedil de Urbanismo de Alhendín, Manuel Fernández Moreno. Al marido de Ana Rosa le imputan varios delitos, entre ellos cohecho, por una promoción del parque industrial y la contratación de la obra de un parque público en el municipio. En la promoción de Marchalendín se investiga si Juan y sus allegados consiguieron del entonces edil de Urbanismo licencias contrarias a la legalidad urbanística. De igual modo, se indaga si tuvo lugar la recepción oficial de las obras sin estar terminados diferentes servicios de la urbanización. En cuanto a la contratación de las obras del parque público del pueblo granadino, el juzgado trata de aclarar si medió soborno al exedil y al exalcalde para que las adjudicaran a una empresa en la que es consejero delegado Fernando Muñoz, hermano de Juan.

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