Dudas jurídicas y críticas feministas ante la futura ley de violencia vicaria
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Una docena de entidades instan a cumplir primero las normas que ya hay
05 feb 2026 . Actualizado a las 09:09 h.El anteproyecto de ley orgánica de medidas en contra de la violencia vicaria debería volver el martes en segunda vuelta al Consejo de Ministros,. Aunque no está claro que vaya a ser así porque el texto plantea muchas dudas jurídicas y algunas organizaciones feministas ya están advirtiendo de que la norma no va a servir de nada mientras no se garantice el cumplimiento efectivo de las leyes que ya existen. El objetivo es actuar contra la utilización de los hijos que hacen determinados padres para hacer daño a sus parejas o exparejas. Un riesgo al que han estado expuestos 5.914 menores desde el año 2019. Al menos esos son los casos detectados por el Ministerio del Interior, según el informe sobre violencia de género presentado esta semana. Aunque la cifra real, como parece evidente, podría multiplicar varias veces esos casi 6.000 afectados, porque no siempre estos casos acaban en manos de la policía. De hecho, cuando tienen que intervenir las fuerzas de seguridad suele haber detrás ya un rastro largo de maltrato y sufrimiento.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, dijo ayer que confía en presentar el anteproyecto el martes, aunque reconoció que están «todavía negociando» con el Ministerio de Justicia. «Hemos mantenido cientos de reuniones y hemos incorporado todas las alegaciones, que tienen que ser conciliables con una técnica legislativa correcta. Vamos a seguir lo que haga falta para hacer un buen texto que satisfaga a las víctimas y también que sea correcto desde el punto de vista de técnica normativa», ha dicho Redondo, que subraya la complejidad porque «no existe una ley semejante en ningún país de nuestro entorno». De ahí que estén «avanzando sin referentes».
O violento o buen padre
Entre quienes tratan de marcarle el paso a Igualdad, destaca la Coordinadora Estatal para la erradicación de la Violencia Vicaria y la Violencia de Género Institucional (CEVVVI). Esta entidad, que agrupa a una docena de organizaciones centradas en la defensa de los derechos de las mujeres y los menores, denuncia que el anteproyecto crea una nueva figura delictiva pero lo hace como «un delito neutro de violencia vicaria», que puede ser cometido tanto por hombres como por mujeres, «en clara contradicción no solo con el concepto mismo de violencia vicaria, sino con las verdaderas necesidades y exigencias». Además, la coordinadora considera que primero hay que «dar cumplimiento efectivo a muchos de los mandatos ya previstos en nuestro ordenamiento jurídico, pero que siguen teniendo un inaceptable nivel de cumplimiento práctico». Denuncia que persisten «patrones culturales profundamente arraigados, que sostienen que un hombre violento puede ser un buen padre» y falta «formación especializada de muchos profesionales del sistema judicial y social».
Detrás de ambos discursos, el de la ministra y el de la plataforma, todavía subyace ese choque de modelos feministas entre las más afines a Podemos e Irene Montero, con esa crítica a la escasa formación de los jueces; y las alineadas con el PSOE y la propia Redondo. De ahí esa referencia a la «corrección normativa», que se puede entender como una crítica a lo que le ocurrió a Podemos con la Ley Integral contra la Violencia de Género y la liberación de delincuentes.