Brutal agresión de los «colectivos» chavistas a diputados de la oposición
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El portavoz en la Asamblea resultó herido a las puertas del Consejo Electoral
10 jun 2016 . Actualizado a las 00:57 h.Tres diputados opositores fueron agredidos a las puertas del Consejo Nacional Electoral (CNE) cuando intentaban solicitar una explicación a las mujeres que dirigen el organismo sobre las causas por las que no avanza la convocatoria del referendo revocatorio del mandato de Nicolás Maduro. Por órdenes de la presidenta del CE, Tibisay Lucena, una comisión de diputados fue desalojada de la sede del organismo con violencia y, cuando salieron, fueron interceptados por grupos de choque que pululan en el centro de la ciudad, conocidos como colectivos, y que responden ante cargos del Gobierno que los convocan y les indican sus «objetivos».
Al jefe de la bancada opositora, Julio Borges, le fracturaron el tabique nasal con una porra, según informó la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Fue operado de la nariz y el pómulo. Otros dos diputados sufrieron lesiones. «Los colectivos actuaron ante la mirada complaciente y cómplice de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana, que propiciaron este atentado contra la integridad física y la inmunidad de los parlamentarios», declaró la MUD. «Allí tiene, el jefe de la bancada de la Unidad, por ir a pedir fecha de validación de las firmas», le escribió Henrique Capriles un tuit al secretario general de Unasur, el colombiano Ernesto Samper, que está promoviendo un diálogo entre Gobierno y oposición.
Incluso el defensor del pueblo, Tarek William Saab, condenó la agresión contra los diputados, que calificó como «repudiable» en Twitter.
La agresión ocurre solo dos días después de que el presidente presentara un programa de tres puntos para el diálogo, en el que el segundo es un «acuerdo institucional» entre el Gobierno y el Parlamento, enfrentados desde que la mayoría es opositora, y el tercero, «la renuncia a la violencia como forma de hacer política», después de que la oposición se negara a acudir al diálogo intermediado por los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y Martín Torrijos en la República Dominicana, por creer que solo pretende ganar tiempo para Maduro.
Caída de la popularidad
También fueron agredidos estudiantes universitarios que intentaban llegar al CNE para exigir el proceso de validación del primer 1 % de las firmas, proceso que este organismo ha retrasado ya 40 días sin ofrecer respuesta, cuando el reglamento, firmado por la propia Lucena en el 2007, establece para ello un lapso de apenas cinco días. El retraso se produce cuando se hace pública una encuesta de la firma Hercón Consultores, correspondiente a mayo, que muestra que el respaldo a la revocación de Maduro se elevó más de 10 puntos en un mes, pasando de 70 al 82 % de los venezolanos que consideran que el mandatario debe dejar el poder este mismo año. Por el contrario, el respaldo al presidente bajó del 20 a apenas el 12 %.
El pasado martes, la directiva del CNE prometió a la oposición que anunciaría cuándo comenzará el proceso de validación de firmas para iniciar el proceso del referendo y, sin embargo, el silencio de las directoras se ha mantenido y, con este, el incremento de la presión política en Venezuela.
La presión del Gobierno viene en bolsas de comida
La gobernadora de Cojedes (una de las regiones más pobres del país) declaró desde el palacio presidencial de Miraflores, mientras en toda Venezuela se multiplican los saqueos por falta de alimentos, que los productos de la cesta básica que distribuye el Ejecutivo «no pueden ser entregados a los escuálidos», como peyorativamente llaman desde el oficialismo al movimiento opositor. Sus palabras fueron condenadas por los detractores del Gobierno, que las calificaron de «discriminación criminal».
Conocida por su chavismo radical, Érika Farías criticó que los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), una iniciativa del Gobierno, llevaran a los hogares más pobres productos de la básico. Farías reconoció además que «por supuesto que los CLAP son una herramienta política», como había denunciado la diputada opositora Nora Bracho, quien afirmó que «es una herramienta para radicalizar la discriminación política en Venezuela».
Mecanismo de presión
La crisis alimentaria se agravó desde la semana pasada, cuando el Gobierno ordenó desviar de la cadena de distribución una serie de productos básicos que serían distribuidos directamente casa por casa, un sistema que dirigen unos comités identificados con el PSUV, especialmente en las zonas más pobres. Esta medida provocó en toda Venezuela fuertes protestas que han derivado en saqueos cada vez más frecuentes, mientras desde las zonas pobres califican las bolsas del Gobierno como «un fraude», pues en muchos casos ni siquiera llegaron a las casas de algunos de los se apuntaron a este sistema, que ya tiene más de un mes de aplicación.
La oposición teme que los CLAP desanimen de firmar contra Maduro, porque inmediatamente les quitarían la ya escasa comida que se consigue a precios relativamente razonables.