Premeditación o incompetencia


El Partido Popular en el Ayuntamiento de Oviedo ha sido el responsable directo y en muchos casos único de la gestión de los recursos que los vecinos hemos puesto a su disposición, durante un largo periodo de tiempo, desde 1992 hasta el año 2015; y ello ha sido así, no debemos olvidarlo, por decisión democrática de los ciudadanos.

En el ejercicio de sus competencias tomó la determinación de implantar en nuestro municipio un sistema de gestión, en la prestación de servicio y realización de obras, caracterizado por la contratación de empresas externas, como criterio prácticamente universal. Una decisión absolutamente legítima pues consideraba que era el camino más adecuado para desarrollar sus proyectos y satisfacer los objetivos políticos que con la acción de gobierno pretendía.

Hoy la realidad nos muestra que los resultados han sido catastróficos; no se puede explicar que tomado el caso de Villa Magdalena, por ser suficientemente significativo, de un coste inicial de esta propiedad establecido en 3 millones de euros, se pueda llegar a un coste final, previsible, en torno a 60 millones.

Es una desviación desmedida e intolerable que exige, ya no explicaciones, sino depurar responsabilidades en todos los niveles y ámbitos: políticos, técnicos y económicos, probablemente también en sede judicial, pues la dimensión es de tal magnitud que resulta difícil establecer los límites de la onda expansiva.

Por un lado, el propio Partido Popular, como organización política, ve deteriorada su imagen y credibilidad hasta límites insospechados; pues una cuestión es la defensa de los principios ideológicos con los que comulga, y otra muy distinta, el desprestigio que les reporta el ejercicio despótico de un poder que los votantes populares pusieron en manos de sus representantes. Hoy, seguro que les causa rubor encontrar argumentos para defender tan nefasta gestión.

Por otro lado, la propia ciudad de Oviedo, como parte damnificada directa en la dilapidación de medios, que no ha recogido fruto alguno de las millonarias inversiones realizadas durante las últimas décadas. Y ahí debe de ser el propio ayuntamiento de Oviedo, como garante de los interese generales, el llamado a personarse como parte lesionada que exige resarcirse del lastre económico que arrastra tan patética situación.

Y qué decir de los vecinos, doblemente castigados, pues aportamos obedientes los impuestos que se nos requiere, sin llegar a cubrir los costes que nos permitan disponer de unos servicios que incrementen el patrimonio municipal, y por otro lado, cargamos con el pago de unos sobrecostes desproporcionados que nos privarán de satisfacer otras necesidades, dado que los recursos que se recauden habrán de orientarse a la amortización de la deuda generada.

Desestimada la premeditación, solo nos queda la incompetencia para explicar unos resultados tan nefastos generados por el gobierno del Partido Popular; y a sus dirigentes llamar la atención para que reflexionen sobre la pertinencia de que los criterios que han aplicado en la gestión de los recursos públicos, los hagan extensivos a su economía familiar.

Ahora resta urgir al actual gobierno municipal con el fin de que aclare, con luz y taquígrafos, la situación que ha sido heredada y señale a sus beneficiarios, a la par que concentre todas sus fuerzas en cambiar un modelo de gestión que está demostrando ser ruinoso para los vecinos y el futuro de nuestro municipio.

Oviedo y los ovetenses no nos merecemos este castigo.

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