Doña Cristina Cifuentes, política sólida, recia, segura de sus ideas, éticamente irreprochable y, sin embargo, presidenta de la Comunidad de Madrid, soltó la gracia del mes: en ese mismo acto donde un espontáneo sobresaltó a los candidatos del PP y a sus escoltas, denunció a la Justicia por intencionalidad electoral. Vino a decir que es mucha casualidad que los jueces llamen a políticos del PP por asuntos de corrupción en campaña electoral. La señora Cifuentes tendría una fácil réplica solo con echar mano de la memoria: durante toda la legislatura, más los cinco meses de prórroga, hubo políticos del PP llamados a los juzgados. Igual que los hubo del PSOE, de Convergència Democrática y cualesquiera otros que hubo que investigar.
La denuncia de la señora Cifuentes quedaría como un pequeño chascarrillo en un momento alegre de la velada: un pecado de exageración porque, bien mirado, España siempre está en campaña electoral. Sin embargo, tiene toda la apariencia de ser la doctrina oficial del PP. En el ideario que los partidos elaboran para mítines y declaraciones, la Justicia y los jueces parecen haber sido elegidos para culparles de agrandar los males de la corrupción. Desde que habló Cifuentes, otras voces populares insistieron en la misma idea. Y de esas voces hay una que destaca por su nivel jerárquico: el hiriente, supongo que eficaz, portavoz popular don Rafael Hernando.
El señor Hernando, herido porque el PP tiene que depositar una fianza de 1,2 millones de euros por el uso de dinero negro en la reforma de su sede de la calle Génova de Madrid, tuvo el desparpajo de recordar que el juez De la Mata había sido antes director general con los socialistas. Para él, esa fianza no es, por tanto, algo que se pueda discutir jurídicamente. Tampoco es algo que una persona (física o jurídica) pueda recurrir porque la decisión del juez le parece infundada. Para Hernando es una decisión política. Algo peor: es una decisión malévola. Todavía peor: como se aduce la servidumbre socialista del juez De la Mata, se le acusa de intención de dañar. Dicho con toda claridad: se le acusa de prevaricación.
Todo esto es de una gravedad extrema, no solo por el contenido de las acusaciones, sino por sus autores, que tienen altas responsabilidades públicas. Nunca se había llegado tan lejos ni tan alto -quizá tampoco tan bajo- en lo más rastrero de la contienda electoral. Si por unos votos se carga la credibilidad de la Justicia, se lanza un misil contra el Estado de derecho. Y a la inversa: si las acusaciones del PP son ciertas, nunca algunos jueces hicieron tanto por socavar su autoridad y su credibilidad. Esto no es ninguna anécdota. Por el bien de la democracia, no puede quedar así.