La cultura de la irresponsabilidad


Nos pasamos la vida lidiando con normas de toda índole, conviviendo con el resto (o al menos intentándolo), sobre la base de las limitaciones que ponemos, nos imponen o que ? en el mejor de los casos- pactamos y sabiendo que todos los equilibrios que urdimos sobre la base de esas reglas son siempre frágiles. Cuando adquirimos conciencia plena de que nuestras decisiones y nuestra forma de actuar afectan a otras personas y al conjunto de la sociedad, es cuando germina una noción de responsabilidad basada no sólo en la inquietud por las consecuencias negativas que puede acarrearnos cualquier sanción u obligación de indemnizar, sino también en la convicción de que la generalización de una pauta de conducta que no considerase las repercusiones de lo que hacemos o dejamos de hacer llevaría rápidamente a un mundo invivible. Este proceso de aprendizaje lo desarrollamos durante toda la vida y en condiciones cambiantes, en función de nuestras circunstancias y las del entorno. Y, cuando tenemos a alguien a nuestro cargo, procuramos que dicho criterio se tenga bien presente en su educación, por su propio bien y el de todos.

Esto, por otra parte, tampoco es novedoso porque es consustancial a nuestro ser social, aunque se tenga más o menos presente según las épocas históricas y sus valores predominantes. Recurriendo a los clásicos, se trata de aplicar a la complejidad de nuestras relaciones sociales, dominadas en buena medida por los factores económicos, aquello del «neminen laedere» (no dañar a nadie) que resumió Ulpiano en el siglo III d.c., como uno de los principios básicos del Derecho. Nada nuevo bajo el sol. Como mucho, contextos un poco más enrevesados donde a veces estamos comprensiblemente descolocados.

Un solo caso de proyección pública en el que, tras un incumplimiento relevante de obligaciones legales básicas o tras la causación de daños graves a terceras personas, la acción u omisión no genera ninguna consecuencia sustancial, sirve para echar por tierra una buena parte de los esfuerzos hechos para forjar un sentimiento de responsabilidad por los propios actos. Si, además, dichas situaciones se acumulan, acaban teniendo un efecto disolvente sobre los fundamentos de la convivencia. Desgraciadamente, sin embargo, nos hemos acostumbrado a que así sea y a que la ausencia de reparación a los damnificados y la perpetuación de la injusticia se instalen como parte del paisaje, aceptado por constante y cómo mucho merecedor de un gesto de lástima a quien sufre el perjuicio, sin resultados tangibles.

Los ejemplos los hay a millares, y no sólo en el ámbito político al que habitualmente ?con buena parte de razón- se recurre. ¿En qué país decente las víctimas de talidomida no recibirían justas compensaciones por disposición legal que se dicte al efecto, una vez fracasadas las acciones frente al laboratorio Grünenthal? ¿Cómo es posible que no se hayan analizado a fondo y con todas sus consecuencias los robos de niños al nacer, suceso que no ha sido precisamente anecdótico y cuya dimensión real aún desconocemos? ¿A qué esperamos para otorgar la reparación más elemental a los saharauis y sus descendientes, restaurando a los que lo deseen la nacionalidad española de la que materialmente se les despojó (e indemnizando por la pérdida de bienes y derechos) con motivo del abandono del territorio a un nuevo ocupante? ¿Qué confianza puede tenerse en un sistema bancario en el que se ha practicado sistemáticamente el abuso frente a los inversores particulares y a los que contraían préstamos hipotecarios, sin consecuencias sancionadoras significativas ni compensación automática en todos los casos? ¿Qué percepción de la contribución al bien común puede tenerse si glorificamos en los campos de juego y ponemos de ejemplo de éxito a defraudadores fiscales a gran escala, incapaces de poner condiciones mínimas de actuación a sus asesores tributarios? ¿Qué puede esperarse sobre el respeto a los derechos más elementales si para investigar a agentes de las fuerzas de seguridad del tardofranquismo sobre los que pesan abundantes pruebas de cargo de torturas gravísimas hay que acudir a una jueza argentina?

Este tipo de casos, entre otros muchos que cualquiera puede tener en mente, y que se producen a pequeña o gran escala, generan esa temible y contagiosa sensación de frustración e impunidad que proyecta un mensaje bien amargo, en el que la irresponsabilidad se abre paso como conducta provechosa y tolerable, filtrándose en todas las capas. No diré que es una seña identitaria, porque sería un fatalismo y una rendición; y porque algunos patrones, incluso los que llamemos culturales, pueden, con el tiempo y la constancia, mutar. Pero, de momento, este rasgo y esta práctica lo invaden casi todo.

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