Ránkings universitarios (a medida empresarial)


A comienzos del pasado mes se hacía público el «Ranking de Universidades Españolas a la Medida del Usuario», de la Fundación Compromiso y Desarrollo. Analizando las Universidades españolas conforme a treinta y dos parámetros, nuestra academia suspende en el sector de «Investigación», debido al bajo porcentaje de tramos de investigación del profesorado, al insuficiente índice de citas que reciben sus artículos, y a la escasa captación de recursos externos para financiar sus actividades.

Es comprensible que el ciudadano, que resignadamente paga con sus impuestos nuestra Universidad, se pueda sentir ofendido por esa falta de rendimiento. Y no le falta razón, porque a menudo a sus profesores se les puede y debe exigir más. Pero quizás habría que desenmascarar también la falacia que encierran estos rankings, a los que se les otorga una credibilidad absoluta cuando en realidad son casi siempre parciales, cuando no simplemente capciosos.

Empecemos aclarando algo: el susodicho ranking lo elabora una Fundación presidida por Ana Botín, y entre cuyos patronos figuran altos cargos de Inditex, Ibedrola, Freixenet, Mercadona, Prisa o Telefónica. Así pues, una Fundación al servicio de la empresa privada asume el reto de calificar la relevancia de las Universidades españolas, en su mayoría públicas. Uno ya puede hacerse una idea, por tanto, de los parámetros que va a tomar en consideración. El ranking dice ser «a medida del usuario», pero ¿de qué usuario? Obviamente de Amancio Ortega, el cuarto hombre más rico del mundo según otro ranking (en este caso el de Forbes), o del «usuario» (o mejor sería decir «usurero») ejecutivo de banca, que para eso financia la Fundación. La misma banca a la que los sufridos ciudadanos hemos rescatado económicamente, a pesar de ser la principal responsable de la actual crisis; la misma banca cuyas cláusulas suelo ha anulado el Tribunal Supremo por abusivas.

No debe extrañar, pues, que entre los factores que tome en consideración este seudoranking de la patronal sea la captación de recursos externos, aspecto  en el que  suspende a nuestra Universidad. Ahora bien, convendría precisar que esa captación no siempre resulta ni posible, ni tan siquiera conveniente. No es posible porque existen disciplinas universitarias para las que acceder a fondos privados se convierte en una entelequia. La Universidad no se reduce a los estudios de ciencias experimentales, sino que también cuenta con departamentos de humanidades y ciencias sociales. Y bien ¿de dónde obtiene un historiador del Derecho financiación externa? ¿Y un filólogo especializado en lenguas romances? ¿Y un profesor de literatura? En todos estos ámbitos podemos contar con especialistas altísimamente cualificados que trabajan las más de las veces con escasos recursos económicos y cuyos resultados de investigación no se valoran en absoluto en aquellos rankings hechos por y para empresarios. Claro, porque para estos últimos ese tipo de profesionales sobra, ya que la Universidad ha de medirse ?dicen? por «transferencia de resultados», como pueden ser las patentes. El ámbito inmaterial al que pertenece el conocimiento sobre García Lorca, sobre Jovellanos o sobre la cueva del Sidrón, es un imponderable económico que para los señores de las cifras no computa.

Pero, aparte de que esa captación de recursos externos sea a veces imposible, también puede resultar inconveniente. El ranking está pergeñado conforme a una mentalidad estadounidense, en la que muchas Universidades se adaptan a las empresas e investigan ajustándose a sus necesidades e intereses. Pero nuestra Universidad no es privada, sino que está financiada por los asturianos y asturianas, y por tanto también asume una obligación de servicio público y de promoción del conocimiento (no únicamente práctico). Del mismo modo que la televisión pública tiene la obligación de educar, y no sólo de entretener, que para eso están las televisiones privadas. Sin embargo, para los rankings no computa la tarea de servicio social que altruistamente realizan algunos de mis colegas universitarios, participando en ONGs para prestar asistencia jurídica gratuita a inmigrantes, impartiendo en colegios públicos conferencias sobre prevención del acoso escolar, o colaborando con UNICEF a fin de sensibilizar contra la pobreza infantil. Pero eso, claro está, ni proporciona dinero, ni parece que sea ?transferencia de resultados? para los paladines del euro.

Habría por tanto que decidir si queremos transitar a un modelo en el que la Universidad no genere ciencia, sino que esté al servicio de las sociedades anónimas que en cada momento dominen el mercado. El resultado sería que en medicina y química nuestra academia investigaría en lo que interesa a la industria farmacéutica (para su propio beneficio, obviamente), o en economía el profesorado estaría financiado por los bancos para respaldar sus cuentas y productos financieros. Y así, díganme la objetividad que cabría esperar de sus investigaciones. Pues la misma objetividad que cabe esperar del ranking empresarial de la Fundación Compromiso y Desarrollo.

 Desmantelada la educación y sanidad públicas, sólo faltaría que la Universidad empezase a tener cátedras «Acelor Mittal», «EDP», «Banco Santander» o qué se yo? «McDonalds» o «Pizza Hut». Resulta evidente que la Universidad debe colaborar más con la sociedad, ha de prestarle servicios en los que se halla altamente cualificada, e incluso se encuentra en la obligación de constituir un motor más en el progreso de la región. La reciente creación de un Vicerrectorado para las Relaciones con la Empresa ?a cargo de Eugenia Serrano, que tan espléndido papel realizó en la Facultad Jovellanos como Decana? es, en este sentido más que oportuna. Pero de ahí a garantizar la solvencia de la in stitución hipotecándose con empresas media un trecho. De hipotecas y cláusulas suelo creo que los españoles ya hemos tenido bastante.

Buena prueba de que la Universidad ha de cumplir un servicio público al margen de los intereses empresariales lo tenemos en el reciente descubrimiento, por parte del equipo de la profesora María Jesús Lobo Castañón, de un sistema para la detección de las proteínas del gluten con un elevadísimo nivel de eficacia y a bajo coste. La patente, que beneficiaría claramente a los cada vez más numerosos afectados por la celiaquía, no ha encontrado, sin embargo, financiación hasta ahora por parte de empresa privada alguna. Teniendo presente que el porcentaje de celíacos es del uno por ciento de la población mundial, las empresas seguramente no ven negocio y rehúsan a invertir. Aun así, la Universidad de Oviedo ha dado ejemplo de su cometido de servicio público y ha aportado un descubrimiento que puede redundar en beneficio de la sociedad.

 Aunque para los patronos de la Fundación Compromiso y Desarrollo seguramente hubiera resultado más provechoso que la Universidad hubiese investigado en menesteres más lucrativos? para ellos.

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