Los análisis de la situación política se elaboran cada vez más desde una perspectiva a corto plazo. Es como si hubiésemos puesto el zoom sobre lo inmediato y nos olvidásemos del contexto más amplio que rodea todo fenómeno social. Y esa estrategia nos impide a veces realizar lecturas atinadas de la situación política y del comportamiento de sus protagonistas.
Tras las elecciones del 26-J, sin ir más lejos, se ha dicho hasta la saciedad que la sociedad española no castiga los casos de corrupción, hasta el punto de que tal afirmación se ha convertido en una verdad incuestionable. Si atendemos tan solo a los resultados de los últimos comicios nos puede parecer que incluso los ciudadanos premian los comportamientos deshonestos de nuestros gobernantes. Pero abrir el zoom nos permitirá complejizar un poco más las cosas.
En las elecciones del 20-D, el PP perdió más de tres millones y medio de votos con respecto a los comicios de 2011. Aproximadamente una tercera parte de los ciudadanos que apoyaron a Mariano Rajoy aquel año, optaron por votar a otras opciones políticas o por quedarse en casa el pasado diciembre. Y todos, absolutamente todos los datos demoscópicos de los que disponemos indican que el castigo por los casos de corrupción fue la motivación central de ese comportamiento electoral. Bien es cierto que el pasado 26-J el PP recuperó aproximadamente 600.000 votos pero con todo, se quedó muy lejos de las cifras que alcanzó en 2011. Sentenciar, por tanto, que la sociedad española no castiga la corrupción no se corresponde con la realidad si atendemos a una secuencia de resultados mayor que la de los últimos seis meses.
Fueron las elecciones del pasado mes de Diciembre las que castigaron los casos de corrupción de los populares. De hecho la campaña giró en torno a los SMS de Rajoy a Bárcenas (el famoso «Luis, sé fuerte»), a la destrucción de los ordenadores del ex tesorero, a la caja B del PP y a la reforma de la sede de la Calle Génova con dinero negro. Los casos Gürtel y Púnica tuvieron un lugar destacado en los comicios del 20-D. Pero si el leitmotiv de las anteriores elecciones fue la corrupción, en estas últimas tuvieron más peso otros elementos. La gobernabilidad, el voto útil, el temor a un bloqueo permanente y el miedo al cambio pudieron más que unos casos de corrupción que muchos ciudadanos ya daban por amortizados. Es probable, incluso, que una parte de la sociedad haya querido castigar a aquellas formaciones que señalaron machaconamente al PP como el partido de la corrupción. Aunque no les faltara razón para hacerlo, esa estrategia dejó en un segundo plano la crítica a las políticas antisociales de los populares y de ese modo pudo parecer que el único argumento que existía para desacreditar al gobierno fuese la corrupción y que esta era utilizada como arma electoral.
Los ciudadanos, además, son más selectivos y tienen más capacidad de matizar de lo que pensamos. Señalar al PP como el «partido de la corrupción» era algo así como hacer una tabula rasa difícil de digerir para una parte de la sociedad cuando se trata de la formación política con más afiliados de España. Una acusación que puede estar clara para quienes nos situamos de manera nítida en un espacio electoral determinado pero que también puede llegar a cabrear a quienes dudan sobre el sentido de su voto. Y es que si hay algo que los ciudadanos detesten tanto como la corrupción es precisamente que se utilice como arma electoral.
Sea como fuere, lo que parece claro es que estas elecciones, a diferencia de las de diciembre, no han sido las de la corrupción. Y tal vez esa diferencia no se supo leer correctamente, hasta tal punto que una coalición como la de Unidos Podemos apareció, a ojos de una parte del electorado, como una formación «anti». Y, ya se sabe, lo «anti» nunca vende tanto como lo «pro».
Estos comicios, además, han evidenciado la brecha generacional que existe en España en el terreno de la política. Bien es cierto que tal brecha se presta a la caricatura y al simplismo pero no por ello debemos negar su existencia. El discurso del cambio ha resultado poco seductor para los más mayores y eso merece una reflexión en profundidad que sea capaz de corregir los errores en el futuro. Al fin y al cabo la transformación de este país, si es que algún día se produce, no vendrá de la mano exclusivamente de los menores de 40 años. Tenemos que aprender a implicar a toda la sociedad en ella con un discurso seductor y convincente. Y nos quedan cuatro años por delante para ir elaborándolo.