Como es natural, la apertura de los diálogos para formar Gobierno abrió el mercado para obtener la mayor rentabilidad de los votos prestados para la investidura. Coalición Canaria pasó por la Moncloa y dejó sobre la mesa su «agenda canaria», el conjunto de reivindicaciones de las islas, que es el precio que Rajoy tendrá que pagar. El PNV, que también fue avisado de la intención de hablar, envió por delante al lendakari Urkullu y también puso sobre la mesa la «agenda vasca», en la que sobresalen peticiones relacionadas con ETA. Entre ellas, las dos clásicas: acercamiento de presos de la banda y gestión autonómica de las cárceles. Como si se tratara de una compensación, Urkullu tiene el detalle de pedir también a la banda terrorista el abandono o entrega de las armas.
He aquí cómo el asunto etarra vuelve al primer plano, y tiene una explicación: el PNV necesita ganar las elecciones autonómicas de otoño, y se enfrenta a dos poderosos adversarios: Bildu, que mantiene la fidelidad de casi toda la izquierda aberzale, y Podemos, que ha sido el partido más votado en Euskadi el pasado día 26. Si no quiere quedar como segunda o tercera fuerza después de toda su hegemonía, no tiene más remedio que coger algunas de las banderas de sus competidores. El acercamiento de presos sigue siendo después de muchos años uno de las factores de movilización social, como se comprueba en la masiva asistencia a manifestaciones que lo reclaman. ¿Puede Rajoy asumir esas demandas? No lo tiene fácil. La gestión autonómica de las prisiones es algo que está previsto en el Estatuto de autonomía y tarde o temprano el Estado tendrá que cederla. La dispersión de presos ha sido uno de los instrumentos más eficaces para luchar contra el terrorismo, pero deja de tener todo su sentido cuando ETA ha elegido la vía política. Si Rajoy cede, pondrá en su contra a las víctimas, que siguen siendo la memoria sensible de los crímenes de la banda. Quizá le obligarán a aplicarse a sí mismo las duras calificaciones que dirigió a Zapatero cuando Zapatero estaba cerca de conseguir el final de la lucha armada.
Y algo muy importante: es tal la sensibilidad que todavía provoca la barbarie de ETA que dudo que se pueda traficar con esas condiciones nacionalistas. Habrá que cumplir el Estatuto y hacer una política penitenciaria distinta; pero habrá que hacerlo en la normalidad del Gobierno. Si es el pago por un puñado de votos que ni siquiera aseguran la mayoría, es un precio demasiado alto. Y para la mayoría de las víctimas, un precio indecente, salvo que ETA ponga algo de su parte y entregue las armas. Pero no lo hará por una razón: si la baza de las armas vale tanto, se la dará a Bildu, no a su competidor.