Si uno se toma la molestia de consultar autos judiciales recientes, comprueba que, al contrario de lo que algunos pretenden hacernos creer, ETA sigue existiendo, sigue siendo una organización terrorista y sigue estando considerada como tal tanto por las fuerzas de seguridad del Estado como por jueces y fiscales. Hace menos de una semana, el juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria rechazó trasladar a una cárcel francesa al preso etarra Henri Parot, que alegaba su arraigo familiar en Francia para justificar esa petición. Entre los argumentos esgrimidos por el titular del juzgado, José Luis Castro, figura el siguiente: «En el presente caso, la situación de la infraestructura de la banda terrorista ETA en Francia dificultaría necesariamente la reinserción pretendida». «Banda terrorista ETA». No hay ahí matices respecto a la consideración legal de esa organización. Al margen de que haya abandonado la violencia, ETA no se ha disuelto y, lo que es mucho más importante, no ha entregado las armas, por lo que sigue siendo a todos los efectos una organización terrorista.
Resulta por ello inaudito que un partido como el PNV se convierta en abogado defensor de aquellos presos etarras que no se han arrepentido, no han pedido perdón por sus crímenes y no han colaborado con la Justicia. Pero es mucho más grave que el presidente del Gobierno vasco, Íñigo Urkullu, pretenda utilizar como moneda de cambio para su apoyo a la investidura de Mariano Rajoy el acercamiento de los presos de ETA a cárceles vascas y el traslado al Gobierno de Vitoria de la gestión de los centros penitenciarios. Esta última es una aspiración totalmente legítima, y más cuando Cataluña ya tiene transferida esa competencia, aunque plantearla en el marco de un acuerdo para la investidura es algo absolutamente extemporáneo. Pero aplicar a los presos etarras «la justicia natural, la que se aplica a cualquier otro preso», como reclama Urkullu a cambio de su apoyo a Rajoy, implicaría que el Gobierno deja de considerar a ETA una banda terrorista y renuncia a que entregue su arsenal, al quedarse sin nada que ofrecer a cambio de ello.
Es obvio que cuando la banda entregue las armas y se disuelva, la política de dispersión de sus presos debe ser revisada. Pero la política antiterrorista nada tiene que ver con los pactos para articular una mayoría parlamentaria. Si hay alguna materia que debe estar siempre fuera del mercadeo político que implica la formación de un Gobierno, esa es el terrorismo. Introducir la política antiterrorista en las negociaciones, sabiendo además, como sabe el PNV, que no va a haber acuerdo, solo sirve para reforzar a ETA y, por tanto, para retrasar su desaparición. Y hacerlo por el hecho de que las elecciones vascas estén a la vuelta de la esquina, y con el objetivo de no perder terreno político frente a Bildu y Podemos, es una vileza. Si el PNV no quiere apoyar a Rajoy, está en su perfecto derecho. Pero poner a los presos etarras como excusa para no hacerlo es un juego sucio impresentable.