Cuando recogí en un libro mis artículos sobre las guerras de Bush (As inxurias da guerra. Xerais, 2006), tuve la tentación de titularlo en latín, como hubiesen hecho Francisco de Vitoria o Domingo de Soto. Porque la solemne expresión De iniuria belli caracterizaría a la perfección la difusa guerra mundial en la que estamos embarcados.
En el lento y complejo intento de controlar la violencia bélica, hubo dos avances -la distinción entre guerras justas e injustas, y la necesidad de someter el desarrollo de la guerra al derecho- que debían servir para determinar las causas y los actores del conflicto, para definir el estatus de los combatientes y de las poblaciones civiles afectadas, y para tipificar la licitud de las armas y los comportamientos criminales. Y, aunque la mayoría de los polemólogos consideran que los avances fueron muy escasos, conviene recordar que las mejores definiciones de la guerra ya no están basadas, como quería Clausewitz, en el uso de la fuerza para dirimir los conflictos, sino en una sustitución del derecho de paz por el derecho de guerra, que subvierte temporalmente la protección de la vida, la libertad, y el bienestar.
La violencia se usa hoy, masivamente y al margen del estado de guerra. Y en el desencadenamiento de esa violencia se identifican distintos actores, todo tipo de armas y un abanico de fórmulas que van desde la estricta legalidad de las policías democráticas a la indiscriminación del terrorismo. Por eso hay que considerar como una aberración criminal que, mientras se nos llena la boca con los derechos humanos y la solidaridad, hayamos inventado las guerras no declaradas y a la carta, en las que el derecho queda desterrado, y que responden con frecuencia a impulsos de líderes o agentes internacionales que organizan enormes matanzas y desastrosas operaciones políticas sin declarar la guerra, sin considerarse parte de la misma, y sin dar cuentas de estas gamberradas de Estado que, iniciadas y terminadas sin ton ni son, están sembrando por doquier la injusticia, el exilio y la miseria.
Tales maldiciones definieron la guerra de Irak y todo el conjunto de conflictos que nos están poniendo al borde del abismo. Lo de Irak no fue un error, sino una masacre urdida y programada desde la impunidad. Y sus impulsores confesos no pueden escapar sin pasar por ese lamentable Tribunal Penal Internacional (TPI) que suele perder su tiempo y su dinero persiguiendo a dictadores que podrían ser derivados hacia los juzgados de guardia. Porque si Blair y Aznar se van de rositas tendremos que admitir dos cosas terribles: que los poderosos siempre quedan impunes; y que el TPI no es más que el brazo jurídico de la violencia atlantista. Porque lo que es sustancial en el informe Chilcot ya era conocido. Y porque nadie es inocente en esta trágica versión humanitaria de la violencia actual.