Llámenme ingenuo, pero estoy convencido de que a los Gobiernos no les agrada subir los impuestos. No son sadomasoquistas: saben que los ciudadanos -o las empresas- se irritan cuando los escaldan, con el riesgo de que trasladen su cabreo a las urnas, y sonríen cuando se produce alguna rebaja. Si a pesar de todo los suben, se debe a pura necesidad. O bien no les queda más remedio porque lo exige Bruselas, o bien lo consideran menos pernicioso que amputar el gasto público. Y en esa disyuntiva se dejan jirones de credibilidad los partidos: prometen la zanahoria para ganarse el favor del elector y esgrimen el palo en cuanto tocan poder.
El PP ha tardado en desdecirse lo que dura un suspiro. Pero, a diferencia del 2011, cuando Rajoy estrenó mandato con un incremento del impuesto sobre la renta, esta vez el candidato se tienta la ropa. No quiere que la subida le chafe la investidura y, en consecuencia, sus estrategas diseñan una subida que no parece subida. Y que, sin embargo, debe proporcionar a las arcas públicas 6.000 millones de euros al año.
El dinero saldrá del impuesto de sociedades que grava los beneficios empresariales. No aumentará la tarifa del impuesto, sino únicamente el tipo mínimo de los pagos fraccionados: las retenciones. Se trata, pues, de un anticipo a cuenta. El dinero pasa del bolsillo de las empresas a la caja de Hacienda, lo que de por sí ya supone una subida. Después, a la hora de la liquidación, aquellas pagarán menos o habrá que devolverles el adelanto. Pero si la medida se prorroga indefinidamente, como ha sugerido el ministro De Guindos, el Estado disfrutará siempre de ese plus de financiación. Ingeniosa estratagema contable para disimular lo que no es sino una subida del impuesto.
En términos políticos, la medida anunciada -mero aperitivo de los recortes que vienen- supone un guiño a la izquierda. Va en la dirección que apuntaban los programas del PSOE y Podemos, donde estos proponían desde un gravamen sobre las grandes fortunas hasta una mayor carga sobre las rentas de capital. Razón no les falta. El impuesto de sociedades en España se encuentra entre los más elevados de Europa, pero el tipo efectivo que pagan las grandes corporaciones, al amparo de un sinfín de deducciones, es ridículo. Ganan mucho y tributan poco, mientras que los asalariados ganan poco y tributan mucho.
Pero hay que decirlo todo. En Europa predomina la tendencia a rebajar los impuestos sobre los beneficios. Los países tratan así de evitar la deserción de empresas o de atraer la inversión exterior. A raíz del brexit, el Reino Unido se propone rebajar el impuesto de sociedades para frenar el éxodo hacia parajes fiscalmente más confortables, como la dulce Irlanda. Suenan tambores de guerra fiscal y Wolfgang Schäuble, todopoderoso ministro alemán de Finanzas, trata de abortarla: «No tenemos la intención de iniciar una carrera para ver quién los tiene más bajos [los impuestos, claro]». España, estoy seguro, no participará en ese maratón.