Parlamento, procedimiento y cultura política


Suele achacarse a los procedimientos parlamentarios cierta rigidez que, supuestamente, impide desplegar un trabajo más eficaz, espontáneo e intenso en la actividad legislativa y en el control y orientación de la acción de gobierno. Cuando se observa la viveza del debate en la Cámara de los Comunes, la profundidad y relevancia de las investigaciones en el Congreso de los Estados Unidos o el papel insustituible de los legisladores, cuyo criterio personal cuenta (véase el papel de los frondeurs en la Asamblea Nacional francesa) y supera nuestro parlamentarismo grupocrático, se imputa a la regulación constitucional, estatutaria y reglamentaria la carencia del dinamismo necesario para las Cortes Generales o las asambleas de las Comunidades Autónomas. Pese a las necesarias reformas, algunas de ellas largo tiempo aplazadas (desde la relativa al Reglamento del Congreso de los Diputados, a la del propio papel del Senado, mucho más compleja) y al evidente conservadurismo de las fuerzas políticas a este respecto, no es tanto la regulación de los procedimientos parlamentarios (todos ellos perfectibles y revisables) como las singularidades de la cultura política más extendida lo que más importa. Cauces y medios para que los parlamentarios hagan un trabajo profundo y enriquecedor los hay y de sobra; pero la dinámica política instalada en la rutina o en la algarabía, según el momento, no favorecen, en ocasiones, un uso correcto de ellos, con el resultado empobrecedor que conocemos.

El primer año de esta X Legislatura en la Junta General del Principado nos ha dejado algunos ejemplos. Muchos de ellos protagonizados bien por Podemos, que ha querido (con escaso impacto sobre la opinión pública, a mi juicio) protagonizar la vida parlamentaria a base de excentricidades y salidas de tono, o bien por un Partido Popular a rebufo de esa dinámica con el único objetivo de hacer daño al Gobierno autonómico. Así, no parece lo más útil convertir un debate posiblemente necesario y de interés, como el de la gestión de la sanidad pública y las listas de espera, en un circo inquisitorial del que difícilmente saldrán conclusiones compartidas que permitan una incidencia efectiva en la realidad que supuestamente se quiere abordar. El propio hecho de plantear esta materia a través de una Comisión de Investigación, cuando existen otras fórmulas idóneas en las que la planificación del estudio y comparecencias podría haber sido bien distinto (una Comisión Especial no Permanente, sin dicho carácter de «investigación») y las connotaciones de juicio popular sumarísimo que dichas comisiones han tenido en el recorrido parlamentario reciente (incluidos espectáculos tan poco edificantes para la dignidad parlamentaria como el de la Comisión del llamado «Caso Villa» en la pasada Legislatura), demuestran una concepción espectacular de la política, ajena al análisis conjunto y a la búsqueda de efectos reales sobre la gestión de las competencias de atención sanitaria.

Otra muestra, más penosa, la hemos tenido con la carrera emprendida por el PP y Podemos para replicar, sin revisión crítica ni aportaciones propias, la propuesta lanzada por el Comité de Empresa del Servicio de Emergencias (SEPA), en forma de Proposición de Ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias. Es necesario y debido (aunque no siempre se ha practicado) escuchar a los interlocutores cualificados en cualquier materia, siempre con transparencia e independencia (la cara más oscura del lobbismo se alimenta de lo contrario), pero en cuestiones complejas que requieren una valoración amplia y una opinión autónoma, es simplemente patético reproducir las propuestas que se reciben haciendo un forward hacia el registro de la Cámara. Y doblemente lamentable que se haga además en competición con otra fuerza política que presenta exactamente el mismo texto, pero no de forma conjunta (precisamente lo que ha pasado con estas dos fuerzas, aparentemente antitéticas).

Y un tercer ejemplo lo tenemos con la decisión de continuar adelante con una producción legislativa concreta a sabiendas de sus defectos de técnica y de encaje en el conjunto del sistema legal, como han advertido claramente los servicios jurídicos de la Cámara respecto de la Proposición de Ley de suspensión de liquidaciones de deudas reclamadas a los herederos de los usuarios fallecidos de Establecimientos Residenciales de Ancianos (ERA), impulsada por Podemos y cuya aplicación, si llega a ver la luz, resultará conflictiva y confusa. Ningún parlamentario está obligado a tener los conocimientos de técnica legislativa requeridos para afinar al centímetro en la redacción de sus propuestas, faltaría más. Pero sí deben tener, por un lado, la prudencia necesaria para asesorarse debidamente en la fase de formulación de la iniciativa; y, por otro lado, la cautela recomendable para escuchar a los servicios de la Cámara y no empedrar el infierno de la aplicación administrativa posterior de cualquier Ley con sus buenas intenciones (que se suponen).

Falta, en suma, cultura política parlamentaria, madurez y solvencia para que nuestra Junta General sea algo más que un escenario de representación, donde se escenifica, además, la discrepancia por encima del acuerdo.

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