¿De verdad estamos dispuestos a que lleguen a nuestros países sin visado y, por lo tanto, sin control decenas de miles de turcos provenientes de un Estado en paz mientras los sirios, iraquíes y afganos, víctimas de guerras eternas, agonizan en campamentos de refugiados en Turquía? ¿De verdad estamos dispuestos a que miles de turcos opten a trabajos, vivienda y beneficios sociales en un momento de crisis económica y cuando el paro es rampante?
Era bastante evidente que el acuerdo por el cual Turquía se comprometía a frenar la oleada humana a cambio de 6.000 millones de euros y de carta blanca para entrar en Europa era una bomba de relojería. Los dirigentes europeos, a la vista del avance de la extrema derecha e incapaces de ponerse de acuerdo para poner en práctica una política común en materia de refugiados, optaron por el mal menor: ganar tiempo con la esperanza de que el flujo migratorio fuera menguando y que, como en el caso de las negociaciones para la entrada de Turquía en la UE, el cumplimiento de las condiciones se fuera posponiendo en el tiempo.
Sin embargo, no contaban con que a mediados de julio de este año se produjera un fallido golpe de Estado en Turquía que, lejos de suponer el derrocamiento de Erdogan, un personaje cada vez más ingrato por su autoritarismo y su deriva islamista, le permitiera demostrar el apoyo de sus seguidores así como purgar a todos los opositores en todas las esferas de poder en su país. La frialdad con que los europeos acogimos la derrota del golpe y las discrepancias con EE. UU. sobre la lucha contra Daesh y el apoyo a los kurdos han alentado el viraje turco hacia Rusia. Un órdago de Erdogan para recuperar turistas e inversiones que sabe que molestará a europeos y norteamericanos pero que no logrará más que consolidar sus apoyos internos mientras lo aísla aún más del exterior.