Un trío de mentirosos


Sostenía Terencio que «una mentira va pisándole los talones a otra». El caso Soria lo demuestra. Mintió el ministro repetidamente, durante toda una semana, hasta que los papeles de Panamá probaron, sin margen de duda razonable, que había utilizado paraísos fiscales para eludir impuestos. Perdió el ministro su trabajo, o bien por sus mentiras contumaces -error de comunicación, dicho en eufemismo-, o bien porque, según la soflama de Montoro, «nadie que haya operado desde paraísos fiscales puede estar en el Gobierno». Mintió el titular de Economía, Luis de Guindos, cuando aseguró que «sería ilegal» negarle la canonjía del Banco Mundial al exministro Soria. Y mintió el presidente Rajoy cuando afirmó que la designación del amigo era fruto de un concurso público, al tiempo que nos brindó otra de sus tautologías antológicas: «Si un funcionario no puede ser funcionario, ¿esto qué es?».

El trío de mentirosos ha tenido que envainarse la operación, difundida con nocturnidad y alevosía, minutos después de concluir la sesión de investidura. Obligado por el escándalo generado, la rebelión de los barones del PP más sensatos o el temor a estrellarse contra el código ético del Banco Mundial, Rajoy ha dado marcha atrás y ha decidido sacrificar -por segunda vez, ¡pobre Soria!- a su amigo canario. Lo que demuestra que ni hubo concurso público, ni la convocatoria estaba reservada en exclusiva para técnicos del Estado, ni hubiese sido ilegal concederle la prebenda a Perico de los Palotes. De lo contrario, de haberse respetado los principios que informan un concurso público -mérito, publicidad, igualdad de oportunidades-, el presidente en funciones estaría rozando la prevaricación: si era ilegal negarle el puesto a Soria, ¿no será también ilegal, o al menos éticamente reprobable, exigirle ahora la renuncia?

Mentir en España no tiene grandes costes. En esto nos distinguimos de países tercermundistas como Alemania, Reino Unido o Bélgica. Allí se toman más en serio esas menudencias. Como la diputada alemana Petra Hinz, que dimitió por incluir en su currículo una formación como jurista que no tenía. O el ministro británico de Energía, Chris Huhne, cesado porque pretendió endosarle a su esposa una multa de tráfico para que a él no le quitasen puntos. O la belga Jacqueline Galant, ministra de Transportes, que dejó el cargo por negar haber recibido un informe de la Comisión Europea sobre fallos de seguridad en el aeropuerto de Bruselas. Pequeñas cosas.

Aquí no, aquí mentimos a lo grande y con fines altruistas como el de favorecer a un amigo. «El pueblo no tiene ningún derecho a la verdad política», nos enseña el opúsculo El arte de la mentira política, escrito hace trescientos años por John Arbuthnot, médico y amigo de Jonathan Swift. La mentira política, dice Arbuthnot, «es el arte de hacer creer al pueblo falsedades saludables con un buen fin». Que no es sino una variante del argumento que escuché a un paisano: «Se che digo a verdade, mintiríache».

Un trío de mentirosos