Parece que al fin la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos han llegado a un acuerdo en el marco del proceso de paz que se inició hace ya cuatro años. Se trata de una magnífica noticia que permite iniciar el camino hacia la normalización política y hacia la resolución no violenta de los conflictos en el país latinoamericano; un camino que no obstante será largo y en el que están en juego los derechos políticos y sociales de los colombianos y las colombianas.
Para el observador externo, Colombia ha sido desde hace décadas un auténtico estado fallido. En la historia reciente nos encontramos muy pocos ejemplos de un estado que haya sufrido tantos desafíos. Desde el narcotráfico hasta las actuales bandas criminales, conocidas como Bacrim, pasado por las organizaciones paramilitares de la extrema derecha, Colombia ha sufrido una auténtica guerra civil con un sinfín de actores, cada cual más inmoral e inhumano. Al mismo tiempo pocos estados han tenido gobiernos con una relación tan estrecha con las mafias como en Colombia, en la que prácticamente ningún presidente ha sido ajeno a la corrupción y a la criminalidad. El exterminio sistemático de sindicalistas y políticos de la izquierda colombiana, particularmente de miembros de la Unión Patriótica, ha sido un verdadero genocidio llevado a cabo por los paramilitares, en connivencia con grandes empresas y con las altas esferas políticas y militares del Estado colombiano.
A este lado del Océano Atlántico le hemos dado la espalda a esa tragedia que desde hace ya más de cuatro décadas se ha vivido en Colombia. Sin embargo su vecina Venezuela es objeto de atención en nuestro país de un modo tan interesado e hipócrita que provoca sonrojo. Quien firma este artículo no se ha caracterizado precisamente por defender al régimen bolivariano creado por Hugo Chávez. Desde luego Venezuela no es en absoluto un referente democrático pero resulta curioso que Nicolás Maduro sea, para el establishment hispano y para buena parte de la opinión pública, poco menos que un dictador mientras todos los presidentes españoles de la democracia se han reunido con sus homólogos en Bogotá cuando en Colombia se producía un auténtico genocidio político. Por no hablar de otras latitudes, donde monarquías absolutas teocráticas y misóginas como la saudí se convertían en estrechos aliados comerciales de España y sus monarcas eran invitados habituales a las fiestas que celebraba nuestro anterior Jefe de Estado en sus palacios.
Colombia es un ejemplo de una democracia que aún está por construir. Y los lazos culturales que nos unen con esa parte del mundo deberían obligarnos a prestar más atención a un país al que sólo conocemos por las telenovelas, por Shakira, por James y por el mito de Pablo Escobar. Valdría con utilizar el mismo listón de calidad democrática y los mismos criterios acerca de los derechos políticos y sociales que habitualmente se le aplican a Venezuela cada vez que se critica, no sin razón, su régimen político y su actitud hacia la disidencia interna. Tal vez así estaríamos contribuyendo a que los colombianos y las colombianas pudieran disfrutar algún día de un futuro sin violencia y de una verdadera democracia en la que no se asesine a nadie por sus ideas.