Tiene narices: ni los partidos, ni ningún Gobierno, ni los sindicatos tuvieron agallas para plantear en serio el contrato laboral único, y tiene que venir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a decirnos que es posible; incluso que a lo mejor hay que ponerlo en marcha, aunque solo sea parcialmente, en el ámbito de las indemnizaciones. El fallo del tribunal europeo es confuso, con lo cual debemos disponernos a una batalla de interpretaciones jurídicas, empresariales y sindicales, mientras el Gobierno se escuda en el consabido recurso de que lo estamos estudiando. Pero se puede hacer un fácil diagnóstico: quienes desean el contrato único dirán, como han empezado a decir, que la Justicia europea abre esa puerta. Los contrarios argumentarán que la sentencia no obliga a nada, no afecta a la reforma laboral de Rajoy y que cada caso de despido habrá que analizarlo individualmente.
Cualquiera que sea el desenlace de esa batalla -¡para cuando tengamos Gobierno, vaya usted a saber!-, lo que resulta poco discutible es que la legislación laboral española tiene aspectos sustanciales que no se ajustan a la europea. Hace solo una semana, el Tribunal de Luxemburgo dictaminó que la concatenación de contratos interinos en sanidad es contraria al derecho de la Unión. ¿Qué diría si algún profesor de los despedidos cada mes de julio para volver a ser contratados en septiembre recurriese a la Justicia de Europa? ¿Qué diría si acudiesen todos en bloque, y son decenas de miles? ¿A qué altura quedaría nuestra Administración pública? Quedaría como una empleadora que utiliza los procedimientos que más contribuyen a la inestabilidad y a la precariedad en el empleo.
Lo digo con esa contundencia porque la mujer que acudió al Tribunal de la UE no es una despedida de una empresa privada ni de una sociedad que explota a sus trabajadores. Es una señora que trabajó en el Ministerio de Defensa y tuvo que firmar varios contratos concatenados de interinidad. Hizo la misma tarea que las personas que sustituía, pero sin ninguno de sus derechos. Si eso no es discriminación, que venga Dios y lo vea. Y quizá sea algo peor: aprovechamiento de su estado de necesidad, por no llamarle directamente explotación.
El problema, por tanto, no está solo en la indemnización ni en igualarla a un empleado fijo. El problema está en permitir que se produzca esa sucesión de contratos que llevan directa, obscenamente, al despido libre y gratuito. Ya nadie se acuerda de la norma que garantizaba el ingreso en plantilla al cabo de tres años. Ahora avanzaron más los trucos leguleyos que la honestidad. ¡Qué digo los trucos leguleyos! ¡Avanzó la desvergüenza! Con un agravante: el carácter público de los contratantes.