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Golpe de Estado en Ferraz


Cualquier observador externo podría pensar que lo que está sucediendo en el PSOE es sencillamente una lucha de poder. Creerá, como dicen los medios de comunicación, que Pedro Sánchez se ha aferrado al trono de Secretario General y que, a pesar de los malos resultados electorales y de la oposición de buena parte de los líderes socialistas, no tiene intención de abandonarlo. Esa es la lectura simple, la de consumo rápido que los medios de comunicación han venido difundiendo en los últimos días. Pero la realidad, me temo, es mucho más compleja.

Que en la sede de Ferraz existe una lucha por el poder y por el control del partido, encarnada en las figuras de Pedro Sánchez y Susana Díaz, parece fuera de toda duda. Pero en este caso el poder no es un valor en si mismo, sino que se presenta como un instrumento para algo. Lo que se está enfrentando en el PSOE son dos maneras de entender la política nacional, dos posturas irreconciliables acerca de lo que los socialistas deberían hacer en la situación institucional que atraviesa actualmente España.

Dos son los ejes del enfrentamiento. Por un lado, mientras Pedro Sánchez se mantiene en el no a la investidura de Rajoy, los mal llamados críticos plantean la necesidad de abstenerse para permitir la gobernabilidad del país. Felipe González ha sido el más claro en ese sentido y a él se han unido no sólo la mayoría de los barones socialistas (Javier Fernández incluido) sino también la práctica totalidad de los medios de comunicación nacionales y los poderes fácticos de este país. Toda una conjura, como jamás se había visto en democracia, para obligar al secretario general a hacer exactamente lo contrario de lo que piden los militantes o, en caso contrario, para defenestrarlo. Sorprendentemente Sánchez está aguantado una presión que jamás habíamos vista en democracia.

Por otro lado, existe un enfrentamiento entre dos posturas acerca del espacio político que debe ocupar el PSOE y sobre las alianzas que debe construir. Mientras los críticos ven en el PP a un adversario con el que, no obstante, existen coincidencias en las cuestiones estructurales, los partidarios de Sánchez entienden que Rajoy y los suyos son los enemigos a batir y que, por tanto, no se les puede facilitar la investidura. La alternativa más deseable sería un acuerdo entre PSOE, Podemos y Ciudadanos, pero ante la negativa de estos últimos a pactar con los de Pablo Iglesias, ya hay voces en el entorno de Sánchez que sugieren la posibilidad de buscar el apoyo de los independentistas.

Y es ahí, precisamente donde se desvela el principal conflicto soterrado del PSOE. Tiene que ver con el modelo de Estado, con la manera de gestionar el desafío independentista, con el mayor o menor acento en la unidad de España como línea roja del programa socialista. No es una guerra nueva. Surgió en tiempos de Zapatero, con la aprobación del Estatut de Catalunya. Y provocó, entre otras cosas, la dimisión de José Bono como ministro de defensa. Ahora, la posibilidad de que Sánchez pretenda valerse del apoyo de los independentistas catalanes para lograr su investidura, aterra a los sectores más jacobinos del PSOE.

Todas estas cuestiones, con más acento en unas que en otras según el interlocutor, son las que han movido a una parte de los líderes socialistas a valerse de maniobras sucias para tratar de cargarse al actual secretario general. Se trata de un golpe de Estado en toda regla, más allá de que la jugada sea acorde al reglamento o no, cosa que aún está por ver.

Diecisiete personas (una minoría de la Ejecutiva Federal, que estaba compuesta por 35 miembros) han pretendido, mediante su dimisión, cesar a un Secretario General que fue elegido por todos los militantes en unas elecciones primarias. Un Secretario General que tiene la intención de convocar nuevas primarias el 23 de Octubre, en apenas unas semanas. No hace falta muchas luces para darse cuenta de que los dimisionarios pretenden evitar que los militantes, a través de su voto, refrenden a su Secretario General. Una jugarreta antidemocrática del peor estilo.

No nos equivoquemos, aunque ahora Pedro Sánchez apele a la democracia y a la voluntad de los militantes, en el pasado reciente no ha predicado con el ejemplo. Los casos de Tomas Gómez o de Antonio Miguel Carmona en Madrid dan buena cuenta de ello. O el caso de la ejecutiva de Castilla y León, que sufrió una maniobra similar, dimisiones mediante, para cargarse al secretario general de esta comunidad autónoma.

Pero un mal no justifica otro mal en sentido contrario y la situación actual en las filas socialistas no sólo afecta al propio PSOE sino que puede tener consecuencias para el conjunto del país. Nunca como ahora el PSOE estuvo tan al borde de la ruptura. Habrá quien se alegre de la desintegración del PSOE pero lo cierto es que puede dejar el camino expedito para que la derecha gobierne en España durante muchos años. Y eso, más allá de la opinión que cada cual tenga sobre los socialistas, sería un verdadero desastre.

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