Para la oposición venezolana era fundamental lograr que el referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro se celebrase dentro de este año. De otro modo, y según las farragosas normas que rigen este mecanismo en Venezuela, la revocación ya no conduciría a nuevas elecciones sino a la simple sustitución de Maduro por su propio vicepresidente, lo que es tanto como sustituir a una persona por su sombra. Por eso estaba claro que el Gobierno iba a emplear todos los medios a su alcance para dilatar el proceso. Esos medios son tantos que cabía la posibilidad de que al menos se hiciese legalmente. Pero al final ni siquiera ha sido así, entre otras cosas porque a Maduro le ha fallado una institución del Estado, el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Es de justicia reconocer que los procesos electorales venezolanos, tutelados por el CNE, han sido lo más presentable del sistema político chavista. Con el revocatorio se le vio titubear bajo las presiones, pero al final validó las firmas necesarias para ponerlo en marcha, cuando le hubiese sido fácil levantar más obstáculos. En vista de eso, Maduro ha decidido recurrir a otra táctica: hacer que los tribunales penales de varios estados ordenen al CNE suspender el proceso, de modo que sea ya imposible llegar al plazo para celebrar el revocatorio este año.
La excusa para esta paralización es el supuesto fraude en la primera recogida de firmas, de las que un cierto número serían falsas o no habrían podido ser comprobadas. Es muy probable que esto sea así, porque resulta casi inevitable en cualquier proceso masivo de este tipo [sucedió recientemente en Gran Bretaña, con la petición para un segundo referendo sobr el brexit]. Pero el CNE ya había descontado esas firmas dudosas, y certificado que con las restantes se superaba de sobra el umbral requerido.
Aunque se puede discutir si los tribunales penales ordinarios pueden intervenir en este caso, parece evidente que se trata de una jugada orquestada desde el Gobierno que pone en cuestión la independencia de los jueces. Lo cual no es ya una sospecha sino una constatación, toda vez que el Tribunal Supremo decidió hace unos días atribuirse la prerrogativa de aprobar los presupuestos generales del Estado, nada menos, incluso si no los vota la Asamblea Nacional (donde la oposición tiene mayoría).
La oposición lo califica de «golpe de estado». Pero un golpe de estado sugiere una acción repentina. Lo que estamos presenciando en Venezuela parece más bien un vaciamiento paulatino del estado de derecho, o lo que quedaba de él; si se quiere, un autogolpe a cámara lenta.
A la oposición hay que reconocerle que esta vez se ha esforzado en agotar los mecanismos legales que el propio sistema proporcionaba para su reforma. Desgraciadamente, se ha demostrado que por ese camino no es posible. En cuanto a las movilizaciones callejeras que se han anunciado para el miércoles, son una salida peligrosa, porque posiblemente acabarán reforzando al chavismo, que parece haberse decidido ya por la confrontación; pero es difícil ver qué otras opciones le quedan a la oposición.