Ramón Espinar, portavoz de Podemos en el Senado, es un tipo con suerte. Con solo 21 años, siendo un estudiante sin ninguna clase de ingresos, decidió comprarse una casa. Y tuvo tanta fortuna, que una cooperativa de Comisiones Obreras decidió adjudicarle a dedo una vivienda de protección pública en Alcobendas, municipio en el que ni siquiera estaba empadronado, con un valor de 146.224 euros. Pero Ramón estaba en racha, y un banco le concedió, sin tener empleo ni ahorro alguno, un préstamo de 90.000 euros. Al bueno de Ramón, el resto del dinero se lo dieron, según dice, su abuela, su madre y su padre, que, casualmente, resulta ser Ramón Espinar Gallego, ex consejero de Caja Madrid imputado por gastar 178.000 euros con una tarjeta black en esa época. Espinar Gallego es, casualmente también, amigo del alcalde de Alcobendas en esa fecha, José Caballero, que, de nuevo casualidad, era también consejero de Caja Madrid y gastó 19.800 euros con su tarjeta black.
El caso es que, según el alucinante relato que ofreció ayer Ramón Espinar, solo cuando tenía ya las llaves de la casa en la mano cayó en la cuenta de que él y su padre, experto financiero, olvidaron un pequeño detalle: sin ingreso alguno, no podría pagarla. Podía haber renunciado a esa vivienda de protección para que la ocupara alguna familia necesitada. Pero prefirió venderla inmediatamente después de escriturarla. Y, sin poner un pie en ella en su vida, se embolsó con esa «operación», como ayer calificó los hechos, 30.000 euros en un año, que él rebaja a 20.000 porque pagó impuestos.
Espinar considera perfectamente «ético» haberse enriquecido especulando con una vivienda de protección pública porque, según asegura, ese pelotazo de libro fue «legal». «Son muchos chavales en este país los que le han pedido una cantidad de dinero similar a sus padres», añade, para mayor escarnio, sobre los 60.000 euros que supuestamente le dejó su familia cuando tenía 21 años. Frente a ese escándalo, la cúpula de Podemos, con Pablo Iglesias a la cabeza, no solo arropa a Espinar y elude pedirle explicaciones, sino que denuncia una conspiración. Y no es de extrañar, porque ese mismo argumento de la conspiración es el que utilizó Podemos cuando Íñigo Errejón fue suspendido de empleo y sueldo e inhabilitado por incumplir las condiciones de una beca adjudicada a dedo; cuando se supo que Juan Carlos Monedero no había declarado correctamente a Hacienda los 425.00 euros que cobró por un supuesto trabajo de asesoría nunca publicado: cuando se conoció que, siendo concejala, Tania Sánchez votó a favor de que se le concediera a su hermano un contrato de 137.000 euros, o cuando se supo que Pablo Echenique pagaba en negro a un asistente al que mantenía sin Seguridad Social. En ninguno de esos casos hay delito, aunque éticos y ejemplares, desde luego no son. Pero el caso Espinar demuestra una vez más que para Podemos existen dos éticas muy distintas. La que afecta a sus dirigentes, y la que obliga al resto del mundo.