Necesario, bueno, pero un nido de conflictos


Donde no hay harina, todo es mohína. En el Partido Socialista en transición hay una comisión gestora que hace más de lo que puede, pero parece que los acontecimientos la desbordan. Ante la falta de liderazgo, no hay dirección clara, ni unidad de acción, ni clima de entendimiento, y así la mohína aparece en cada paso que se da. La última, en el acuerdo de coalición de gobierno del PSE y el PNV, que está pendiente de ratificación de los dos partidos cuando escribo estas líneas. Es un acuerdo necesario, incluso bueno, pero tengo serias dudas de que sea autorizado por la gestora. 

¿Por qué digo que es necesario? Porque sin un acuerdo así el País Vasco no es gobernable. Las normas estatutarias del País Vasco le permiten a Urkullu ser investido en segunda votación sin necesidad de tener la mayoría de los votos del Parlamento. Le basta el simple hecho de ser el candidato más votado en las urnas. Pero la estabilidad de su gobierno sería muy endeble, entraría en el bloqueo, no podría sacar adelante ninguna ley y estaría sometido al riesgo permanente de una moción de censura. Hace falta un socio y el Partido Socialista es el más indicado, porque ya están gobernando juntos en las diputaciones y tienen experiencia histórica de colaboración. A pesar de sus diferencias ideológicas, son socios casi naturales.

¿Por qué digo que es bueno? Por simple eliminación de otras posibilidades. Íñigo Urkullu podría intentarlo con otros. Por ejemplo, con Bildu, pero eso supondría meter el independentismo más radical e irracional en el gobierno vasco. Sería entregar cuotas de poder a quienes han tenido mucho que ver con el terrorismo. Y sería compartir responsabilidades con quienes propugnan una ruptura unilateral con España en una comunidad donde la independencia no es la aspiración del 80 por ciento de los vascos.

¿Por qué, entonces, puede no ser autorizado por la gestora? Porque es un acuerdo contradictorio: quiere mejorar el autogobierno «en convivencia y solidaridad con el conjunto del Estado», lo cual está muy bien; pero, al mismo tiempo, no quiere líneas rojas para debatir «sobre conceptos como nación o derecho a decidir en un marco de negociación y acuerdo dentro del ordenamiento jurídico».

Y yo digo: si el ordenamiento jurídico vigente en este momento impide la autodeterminación, ¿a qué viene buscarla en el nuevo Estatuto que tendrán que redactar? ¿A qué aspiran, si ese Estatuto tendría que ser aprobado por el Congreso y tendría el mismo destino que el Plan Ibarretxe? Esto encierra alguna trampa, y el hecho de que Idoia Mendía no lo haya consultado con Ferraz sugiere que quiso ir a una política de hechos consumados. Estas cosas le ocurren a un partido cuando no sabe adónde va.

Necesario, bueno, pero un nido de conflictos