No me gusta ser protagonista de mis escritos, pero permítanme que en esta ocasión cambie la dinámica, siquiera a modo de catarsis. Y es que desde hace unas semanas me he visto envuelto en un lamentable episodio de esos que te sacan del anonimato sin comerlo ni beberlo. De pronto, como suelen llegar las malas nuevas, llegó a mi conocimiento que el rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid había plagiado varios trabajos, entre ellos uno mío. Sin contemplaciones reproducía íntegramente párrafos, e incluso páginas enteras, procedentes de tesis doctorales, libros y artículos de otros profesores. Luego, se limitaba a poner una cita al pie, mencionando al autor plagiado, pero sin que en el cuerpo principal del trabajo hubiese comillas o ningún otro elemento que hiciese sospechar mínimamente que cuanto allí se decía era un burdo copia/pega de material ajeno. En mi caso el plagio resultaba más sangrante, porque ni siquiera me citaba: todo figuraba como obra suya.
En definitiva, nada había de original en sus trabajos, que eran una antología de escritos de otras personas (sin comillas), pero que él firmaba como si se tratase de producción propia. Obviamente, el asunto acabó saliendo a la luz pero, también obviamente, el implicado no se planteó dimitir, ni nada parecido. Que esto es España, por favor…
Quizás a muchos lectores el asunto les parezca intrascendente, ya que si algo nos sobra en este país son casos de corrupción. Pero, aun para quien se limite a una lectura materialista (y no le baste que el asunto sea una cuestión de honradez científica), podría recordársele algunas cuestiones: las publicaciones propias forman parte del curriculum del profesorado, quien las incluye a la hora de solicitar sexenios de investigación (un reconocimiento que evalúa una comisión nacional), de prosperar en la carrera académica (llegando a catedrático, como lo es el rector de la Universidad Rey Juan Carlos), y de concurrir en proyectos de investigación. Dicho de otro modo, las publicaciones conducen a una mejora económica, a percibir dinero público, y el ciudadano tiene interés en ellas porque determinan el destino de una parte de nuestros impuestos y tasas universitarias. Si uno defrauda, nos perjudica a todos.
La Constitución exige, además, que los cargos públicos los desempeñen quienes demuestran mérito y capacidad (art. 23). Pues bien, aquí tenemos un caso más en el que tal presupuesto se incumple de forma palmaria: los méritos del rector están falseados, y su capacidad es todo lo contrario, una absoluta incapacidad para investigar si no es copiando lo que escriben los demás. Es como si la sanidad pública contratase al Pequeño Nicolás como jefe de un servicio de cardiología.
Al margen de la reprobable conducta de quien plagia, situaciones como ésta retratan a quienes nos rodean. Tan pronto trascendió la noticia, recibí el afectuoso respaldo, en primer lugar, de mis propios compañeros de área, que cerraron filas en torno a mí, por lo que no puedo estarles más agradecido. Del mismo modo, recibí el respaldo de numerosos colegas de mi Universidad, del Presidente de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia, Leopoldo Tolivar, así como las constantes llamadas y escritos de profesores de otras Universidades españolas y de la Asociación de Constitucionalistas de España. Y lo más reconfortante es saber que no sólo (ni principalmente) lo hacen para apoyar a un compañero, sino porque les repugna la falta de honradez científica, y piensan que conductas así no deben tolerarse ni quedar impunes.
Lamentablemente, esta idea no es unánime. El optimismo que genera la respuesta positiva de todos aquellos colegas se torna en cierta desazón al comprobar el silencio de otros actores de la partida. Empezando por la Conferencia de Rectores de la Universidad Española, que no se ha pronunciado al respecto, tratando con la misma indiferencia al plagiador y a los plagiados (que son muchos), como si estuviesen al mismo nivel. Y no se cite la presunción de inocencia, que ésta se ciñe al ámbito penal: los documentos se han hecho públicos y sólo quien no sepa leer será capaz de dejar de reconocer los plagios que allí se manifiestan. La responsabilidad no sólo es un asunto penal, sino también disciplinario. Pero el silencio persiste, y a uno le hace pensar en eso de «uno de los nuestros»…
Silencio también de la mayoría de los profesores de Historia del Derecho, disciplina académica a la que pertenece el rector puesto en entredicho, y silencio de los editores y coordinadores de los libros donde aparecen esos plagios. ¿Cómo es posible que no monten en cólera al descubrir que en sus libros se publican trabajos que plagian obras ajenas? Pero no… silencio… o no sólo. Algunos de los colegas más próximos al rector muestran su servilismo para defender lo indefendible, para decir que copiar párrafos enteros no es en absoluto un plagio, para denunciar que se trata de una miserable campaña de desprestigio e incluso para retar a que se acuda a los tribunales. Algo que alguno de los plagiados va a hacer, y que otros estamos pensándonoslo. Sólo la idea de que una demanda no conducirá al resultado ideal (que no es la indemnización, sino el que el infractor tenga que abandonar los cargos públicos y se le prive de sus sexenios y categoría académica, sufriendo además la pertinente sanción disciplinaria), sólo eso, como digo, hace pensar que una demanda resulta una opción insatisfactoria.
Ese silencio y esas servidumbres son los que incitan al pesimismo. En una Universidad sana, entre unas instituciones académicas modélicas y, en fin, en un país civilizado, ni el rector duraría un minuto más en su puesto, ni nadie sensato respaldaría o callaría ante su desfachatez y su vergonzosa conducta. Pero en nuestra academia sobra corporativismo y abunda el proceder servil y arribista.