El lío lo representaron ayer muy bien los señores Iglesias y Rajoy. El primero le preguntó al presidente si piensa aplicar las medidas que apruebe el Parlamento, y el presidente respondió: «Pensamos aplicarlas aquellas que sea obligatorio aplicarlas». Hasta ahí llega la cortesía o la disposición del Gobierno. Lo que no sea obligatorio se vetará. El veto empieza a ser la palabra de la moda política otoño-invierno. Traducido de un clásico dicho popular, se podría leer así: «Contra el vicio de aprobar, la virtud de vetar». Y vive Dios que se aplica: desde que la oposición se creyó que podía gobernar sin tener el Consejo de Ministros, el Gobierno vetó dieciséis de sus proposiciones. La última, la que sugiere subir las pensiones cinco veces más de lo previsto: un 1,2 por ciento frente al 0,25.
Se está preparando un magnífico conflicto constitucional del que ya hubo asomos cuando la oposición quería interrogar a un Gobierno en funciones en las sesiones de control de los miércoles. Entonces los ministros se plantaron porque entendían que no emanaban de este Parlamento. Ahora ya sí, pero la maquinaria opositora encontró un hermoso desafío para poner a Rajoy contra las cuerdas: coger cada una de las leyes aprobadas por mayoría absoluta y tratar de derogarlas. El Gobierno se defiende con ese veto mencionado, porque se lo permite la Constitución: toda aquella iniciativa que suponga aumento de gasto o desvío del presupuesto no pasará. En el caso de las pensiones es clarísimo. En el caso de la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza) y otras, los abogados del Estado tendrán que hacer filigranas para demostrar que aumentan el déficit del Estado.
Pero no es una cuestión técnica, como se trata de disimular. Es algo más importante. Es el planteamiento de la supremacía de poderes del Estado. Es un intento del Legislativo de imponerse al Ejecutivo, esa vieja contienda. Y es que el Gobierno pueda mantener la iniciativa política; «que pueda gobernar», según palabras de Mariano Rajoy. Y está claro que si el Congreso le arrebatase la iniciativa al Ejecutivo, al presidente no le quedaría más remedio que disolver y convocar elecciones. Ese es el fantasma de la legislatura con el que hay que convivir.
De momento, según el ministro Catalá, ya no remitirá a las Cortes ningún proyecto de ley que no sea pactado previamente. No quiere ser el gabinete que haya perdido más votaciones de la historia. No quiere verse humillado ante la opinión pública por unos grupos parlamentarios que se divierten ante la impotencia numérica de los dos partidos que sostienen a los ministros. Y no quiere que se transmita a la sociedad la imagen de un gabinete pelele con el que juegan los niños en el recreo.