El clima de diálogo forzoso entre el Gobierno y los partidos de oposición está dando resultados magníficos. De momento, consigue que la legislatura esté encarrilada y, como dice Rajoy, puede durar cuatro años. El nuevo consenso permite que aprueben las leyes de partida con sorprendente normalidad. Es insólito que partidos de oposición den el visto bueno a subidas de impuestos, pero se ha conseguido. Y el PP, que hace nada era el apestado a quien nadie quiso dar su apoyo durante casi un año, está ganando votaciones en el Congreso con más respaldo del que tenía cuando disfrutaba de mayoría absoluta. Desde este punto de vista, hay que saludar el nuevo tono político. El Parlamento se divide en dos zonas: la zona templada, donde es posible el diálogo, y la zona intransigente de los Podemos y los independentistas donde resulta inútil incluso intentarlo.
¿Cuál es la única sombra de ese complaciente panorama? El mercantilismo, compañero inseparable de toda negociación política y del que tanto sabemos después de los pactos sellados por todos los gobiernos con los nacionalismos. No hubo un solo acuerdo en el que no se llevasen una importante tajada en forma de poder o de precio económico. Ahora, uno de los elegidos para conquistar su voluntad es el Partido Nacionalista Vasco, que está dando pruebas de que ha heredado el pragmatismo que antes distinguía a los catalanes. Y, al margen de lo negociado sobre el cupo o sobre la reforma del Estatuto de Autonomía, hay un detalle que no puede pasar desapercibido: el compromiso del Gobierno estatal de retirar los recursos presentados contra cuatro leyes autonómicas vascas: la Ley Municipal, la Ley de Adicciones, la de Iniciativa Legislativa Popular y la de Reconocimiento y Reparación de Abusos Policiales. Esa retirada se confirmará el próximo martes, día 20.
Yo no tengo nada contra la acción de remover ese obstáculo si es imprescindible para facilitar la gobernación. Ahora bien: si esas leyes se han recurrido es porque no caben en la Constitución o en el ordenamiento general. Hay que suponer que la decisión de recurrirlas se adoptó desde el rigor jurídico y la coherencia política. ¿Y ahora qué ocurre? ¿Se puede cambiar por la conveniencia política del momento? ¿Los criterios que inspiraron los recursos son como los principios de Groucho Marx, que se pueden modificar porque «tenemos otros»? ¿Hace falta un estado de necesidad de escaños para que la legalidad sea más ancha y generosa? Espero que esta rectificación sea explicada. De lo contrario, habremos asistido a una nueva forma de mercantilismo: el comercio con la legalidad. No parece serio. No aporta seguridad jurídica. Y una ley mercantilizada es la negación misma de la ley.