El 13 de Noviembre del pasado año, tras los atentados cometidos el Estadio de Francia, en la sala de conciertos Bataclán y en varios locales de restauración de los distritos X y XI de Paris, el presidente François Hollande declaró que Francia estaba en guerra. El enemigo no era en esta ocasión un ejército regular sino un puñado de jóvenes, en muchos casos de origen francés, radicalizados a través de las redes sociales y dispuestos a morir en nombre de un islam deformado y pervertido por los líderes de Daesh.
Aquellas declaraciones de Hollande, hechas con los 130 cadáveres aún calientes, fueron las palabras más desafortunadas que un líder político europeo podría haber utilizado tras un ataque terrorista. Con ellas, el presidente francés situaba el problema del yihadismo en la esfera militar y no en la policial. Y le otorgaba a Daesh una categoría que no se merece: la de contendiente en una guerra. Aquel era el regalo más deseado que le podía hacer la Francia del laicismo y de los derechos humanos a Abu Bakr al-Baghdadi, el autoproclamado «califa Ibrahim», y su séquito de subalternos psicópatas. Las declaraciones de Hollande fueron la mejor propaganda que podía hacer Daesh para radicalizar a aquellos jóvenes de la banlieue que a pesar de haber nacido en «el hexágono» se sienten excluidos por la República y se refugian en una presunta identidad musulmana construida a base de retazos, deformaciones y consignas repetidas. Hollande, sin quererlo, les proporcionó la posibilidad de convertirse en combatientes; en soldados heroicos cuya misión es luchar contra aquella sociedad que les excluye.
Pero por más grave y melodramático que se ponga el presidente francés, lo cierto es que su país no está en guerra. El yihadismo es sin duda uno de los mayores problemas a los que se enfrenta Europa. Tal vez el mayor. Pero se trata de un problema de índole policial, no militar. Se trata de delincuentes, no de combatientes.
Si de algo puede presumir España es de saber manejar el problema del yihadismo, tal y como demuestran las enormes cifras de detenidos, unos 170 desde el año 2015. La dolorosa experiencia del terrorismo de ETA durante décadas y los atentados del 11 de Marzo de 2004, vinculados a Al Qaeda, le han proporcionado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado un bagaje del que carecen en otros países. La policía y los jueces son quienes están impidiendo que se produzcan atentados en suelo español o que jóvenes de nuestro país se unan a la yihad. Y es que aquí sabemos que se trata de un problema de delincuencia. Muy grave y muy letal, eso sí. Pero delincuencia al fin y al cabo.
Tras el atentado en un mercado navideño de Berlín el pasado lunes, el presunto terrorista, conocido de los servicios de seguridad teutones, recorrió hasta tres países de la Unión Europea en tren, hasta que murió el viernes en un tiroteo con la policía italiana en la ciudad de Milán. Todo ello pone en evidencia el fracaso del combate policial contra el terrorismo en países como Alemania, Bélgica o Francia. Un fracaso que en ocasiones se intenta disimular bombardeando posiciones de Daesh en Siria e Irak en operaciones militares donde mueren civiles de forma inevitable, lo que agrava aún más la amenaza del terrorismo y proporciona coartadas a su relato. Y es que si queremos evitar la amenaza yihadista en nuestros países es imprescindible entender que se trata de un problema que atañe a legisladores, jueces y policía, y no a los mandos militares. No estamos en guerra. No les hagamos ese favor. Son terroristas, no soldados.