Se tiene a Aníbal el cartaginés como probablemente uno de los mejores y más cualificados estrategas de la historia militar, de toda ella, no solo de la antigüedad. Aníbal cruzó los Alpes, se pasó por media península itálica y llegó a plantearse el asedio de Roma. Dice la leyenda que hasta arrojó una lanza contra sus muros. Pero no se impuso. No es por minusvalorar la capacidad de Escipión --que hay que imaginarlo en la batalla final de Zama haciendo tocar las trompetas a sus hombres en primera línea para espantar a los elefantes del enemigo-- ni tampoco el complejo juego de alianzas en reinos del Mediterráneo, de Sicilia a Grecia, que se desplegó a lo largo del conflicto púnico, pero al final, si Aníbal no logró levantar a los pueblos de Italia conquistados por los romanos --y los tenían bien oprimidos que para eso eran unos especialistas-- es porque Cartago no ofrecía nada mejor que sus calzadas y sobre todo su derecho. Esas leyes, que son el verdadero prodigio de la civilización romana, y que son la fuente de la práctica totalidad de los sistemas jurídicos europeos menos donde perduraron los bárbaros.
Y aún así, esta semana, desde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que queda mucho más cerca de donde estuviera el bosque de Teutoburgo (donde el caudillo germano Arminio repartió estopa a Publio Quintilio Varo) que el Rubicón que cruzó Julio César (y hoy no se sabe dónde está) nos llegó una sentencia que pone en solfa a los más alto tribunales españoles a cuenta de las cláusulas suelo. Ocurre que los los bancos del país establecieron estos dispositivos que los magistrados juzgaron como fraudulentos. Y si una cláusula se considera nula, la lógica dicta que lo sea desde el principio, desde el mismo momento que se establece. Pero al Tribunal Supremo español le entró un temor ante la banca mayor que el que inspiraban los elefantes de Aníbal, y le puso límite a la retroactividad. Sólo era fraude desde el 8 de mayo de 2013, porque se se remotaran todas ellas a sus orígenes, las entidades estafadoras verían demasiado menguadas sus arcas. El Supremo se pasó la equidad y la justicia por el arco del triunfo por no querer incordiar en demasía a tan nobles patricios que se sientan en los consejos de administración. Y tuvieron que venir desde Estrasburgo a decir lo evidente, que no es así, y que hay que pagarlo todo desde el principio.
Ojalá hubiera sido el único caso, es que en la misma semana, el pasado 20 de diciembre, el mismo Tribunal de Estrasburgo condenó a España a la indemnización más alta impuesta por ese organismo (600.000 euros) por no haber protegido el derecho a la propiedad de una empresa sobre unos terrenos que la iglesia católica inscribió a su nombre en un pueblo de Palencia. El fallo fue firme en 2016 después de arrastrase año en recursos en lo que la empresa, que había adquirido unos terrenos y sus bienes, se topó con el obispo aprovechó el singular privilegio que tiene la Iglesia Católica en España para poner parte de ellos a su nombre. Su desesperación fue en aumento al tener que asistir a cómo el Tribunal Supremo y el Constitucional se lavaban las manos por no querer incordiar en demasía a tan nobles pontífices. Y sólo con Estrasburgo les llegó la justicia.
Otros bárbaros, otros invasores, llegarán para atacar nuestras instituciones. Pero nadie quedará para defenderlas si se están minando desde dentro, por cobardía, por intereses viles, por un concepto autárquico y nacionalcatólico que predomina aún mucho todavía entre las élites del Estado. Menos mal que hay una UE.