El pasado 26 de diciembre he tenido la oportunidad de asistir en calidad de observador acreditado por el Consejo General de la Abogacía Española, junto con otros abogados y representantes de distintas organizaciones sociales de diferentes países, al inicio del nuevo juicio en la Cour d’Appel de Rabat, esta vez ante la jurisdicción ordinaria, frente a los 24 saharauis procesados tras el desmantelamiento por el ejército y la policía marroquíes del campamento de Gdeim Izik (afueras de El Aaiún), el 8 de noviembre de 2010. En efecto, tras la anulación por la Corte de Casación de la sentencia del tribunal militar que, el 17 de febrero de 2013, había impuesto severas condenas (entre ellas nueve condenas a cadena perpetua y otras 12 condenas a penas entre 20 y 30 años de prisión), el proceso judicial se repite, si bien sobre la base de la misma instrucción y, salvo sorpresas, con el mismo material probatorio para justificar la acusación por la muerte de 11 integrantes de las fuerzas de seguridad, formulada en relación con el desalojo. Recordemos que, de acuerdo con los informes de los observadores que siguieron el primer proceso y de organizaciones del prestigio de Amnistía Internacional y Human Rights Watch, aquel proceso no estuvo dotado de garantías suficientes, las pruebas presentadas no establecían vínculo directo entre los acusados y el hecho criminal imputado y las principales pruebas de cargo consistían en confesiones de los acusados, que han denunciado haber sido sometidos a torturas. Dichas denuncias de tortura, por otra parte, no han sido objeto de investigación independiente, ni de actuaciones tendentes a la exigencia de responsabilidades a quienes, en su caso, las hayan infligido, pese a los numerosos antecedentes verificados de la utilización de estas prácticas ominosas contra presos saharauis. Precisamente el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas ha acordado el 15 de noviembre de 2016 condenar a Marruecos por la violación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, por el caso de Naama Asfari, uno de los presos de Gdeim Izik. Cabe señalar, a su vez, que los acusados en el juicio de Gdeim Izik eran, en una parte considerable, integrantes de colectivos civiles saharauis y miembros del comité de negociación del campamento (dado que se mantenían conversaciones con las autoridades marroquíes que fueron interrumpidas por éstas con un desalojo sorpresivo), a los que su protagonismo en la protesta aparentemente les situó como blanco propicio para acusaciones que se han construido atribuyéndoles responsabilidades propias de la dirigencia de una organización criminal terrorista.
El juicio contra los 24 de Gdeim Izik proseguirá el 23 de enero, esperemos que admitiendo la continuidad de la misión de observación internacional. Veremos si en esta ocasión, al contrario que lo sucedido en el precedente proceso militar, se respetan criterios básicos conforme a los estándares internacionales en materia de derecho a un juicio justo, que el propio Reino de Marruecos se ha comprometido a seguir como Estado obligado por distintas convenciones en materia de Derechos Humanos (singularmente, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, además de la mencionada Convención contra la Tortura).
A su vez, el desarrollo de este proceso debe servir para poner sobre la mesa la ausencia de investigación y la falta de depuración de responsabilidades por el brutal uso de la fuerza constatado en el desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik. Concentrados en centenares de haimas desde el mes de octubre de 2010, un número muy nutrido de saharauis protestaban pacíficamente por la situación de discriminación y opresión a la que la población autóctona es sometida por las fuerzas ocupantes marroquíes y su administración, instalada de facto sobre el territorio desde 1976 con afán de perpetuar un status quo que es radicalmente contrario a la legalidad internacional, siendo el Sahara Occidental un Territorio no Autónomo cuyo proceso de descolonización sigue inconcluso mientras no pueda ejercitar su derecho a la autodeterminación. El uso desproporcionado de la fuerza, la aplicación generalizada de malos tratos y torturas contra los saharauis del campamento y de la vecina El Aaiún (como pudieron atestiguar los activistas Antonio Velázquez e Isabel Terraza, presentes durante los sucesos, descritos en su documental “El campamento de la Resistencia Saharaui”) y el permanente hostigamiento contra las asociaciones que vertebran la resistencia cívica saharaui en dicho territorio, son violaciones graves de los Derechos Humanos, además de contravenir las obligaciones de Marruecos como potencia ocupante. La impunidad con la que se ha actuado frente a la población saharaui (incluyendo cinco muertes en torno a los sucesos de Gdeim Izik), no es, lamentablemente, objeto de cuestionamiento en Marruecos ni tampoco materia de preocupación relevante en la comunidad internacional. En este otro aspecto de los sucesos de Gdeim Izik también sigue sin hacerse justicia.