La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, pretende que los jubilados que cobran entre 18.000 y 100.000 euros al año paguen más por las medicinas que consumen. Así que ya lo sabe usted: desde que la intención de la ministra adquiera rango legal, acuda a la botica provisto de tarjeta sanitaria y de su última declaración de la renta. Ambas credenciales permitirán al farmacéutico ajustar el precio de su salud, hacerle un presupuesto para rebajar su colesterol o sus triglicéridos y evaluar el coste de su enfermedad crónica hasta que el óbito zanje la deuda. El derecho a la salud, modulado por la renta.
Pero la cosa no es para tomarla a chanza. Tiene enjundia. Supone, a mi entender, un golpe de piqueta más en el proceso de demolición del sistema nacional de salud, del que todavía anteayer presumíamos los españoles. Propinado, además, con alevosía, porque la ministra disfraza la subida del copago farmacéutico de medida progresista, que quita dinero a los ricos y favorece a las rentas más bajas. Y utiliza torticeramente -demagógicamente- una máxima acuñada por los hacendistas que defienden la progresividad del sistema fiscal: «Quien más tiene debería pagar más». Pues depende, señora. De que los ricos deberían pagar más impuestos, esos que sirven para financiar la educación o la sanidad públicas, no me cabe duda alguna. Que paguen más por operarse de la vesícula o por llevar a su hijo al colegio público no puedo compartirlo.
Desconozco de dónde quita la ministra los jubilados con 100.000 euros de renta. Haberlos haylos, sin duda, pero no en las nóminas de la Seguridad Social. La pensión pública máxima asciende este año a 36.118 euros: catorce pagas de 2.580 euros antes de impuestos. Y los pensionistas que perciben 18.000 euros anuales no llegan a mileuristas: catorce pagas de 1.286 euros brutos, mil escasamente en términos netos. La quinta parte de los pensionistas españoles -unos 1,9 millones, 150.000 en Galicia- cobran entre 18.000 y 36.118 euros. Me resisto a creer que esos son los ricos de España.
Pero mi objeción a la ministra no reside en la ensalada de cifras. Rechazo frontalmente su filosofía, similar a la expresada por el ministro Luis de Guindos en el 2012, cuando sugirió que quienes percibían rentas de 100.000 euros -cifra fetiche, por lo visto, de todo demagogo- no deberían recibir gratuitamente todas las prestaciones sanitarias. La rechazo por principio, porque significa una carga de profundidad contra el sistema de salud universal y gratuito, porque supone la ruptura del modelo y su escisión en dos: una sanidad para ricos y una sanidad (beneficencia) para pobres. Me reconforta que un paciente rico, el rey o sus ministros opten por el hospital público y no por la clínica privada. Y me preocupa que, por el deterioro causado por los recortes, creciese la sanidad privada en detrimento de la pública: el gasto en la primera aumentó un 2,8 % al año en el período 2010-2014; en la segunda cayó un 3,8 % cada año. Un mal síntoma.