Desde que se iniciaran, décadas atrás, las primeras propuestas sobre el establecimiento de distintas modalidades de una renta o salario social, dirigidas desde la administración, para los colectivos más desfavorecidos, el debate sobre su puesta en práctica nunca ha dejado, hasta hoy mismo, de perfilar dos posturas ideológicas que son antagónicas. Para unos (desde muy diversas ópticas) se trata de una prestación plenamente justificada para paliar graves desigualdades sociales porque entienden que la pobreza no es ningún destino marcado por la culpa; mientras que para otros sí, porque consideran que buena parte de esta clase de penurias se las ha acabado de buscar el que las padece, por eso insisten en el argumento de que no puede ser un «freno» para que quienes las pudieran recibir intenten encontrar un trabajo, porque podrían acostumbrarse a vivir de lo que antes se llamaba «la sopa boba». Hay quien piensa que la pobreza es una desgracia que termina por afectar a la sociedad en su conjunto y hay quien cree que es un castigo por la pereza. Hay quien defiende la justicia social y quien apuesta por la caridad. Y no es lo mismo.
En Gijón se va a poner en marcha una renta social municipal que, además de una medida muy interesante, es también un ariete con el que nuestros particulares Frente Judaico de Liberación y Frente de Liberación de Judea tratan de demostrar que los otros son mucho más disidentes. Como ya existe un Salario Social a nivel autonómico (del que se benefician unas 20.000 personas y con un coste que ronda los 100 millones de euros anuales) y que sería incompatible con el local, se ha buscado una solución que trate de contentar a todo el mundo, si por todo el mundo entendemos a quienes más suelen poner el grito en el cielo porque el dinero público vaya a terminar en las manos de los menesterosos.
Así se está cerrando un acuerdo con la Unión de Comerciantes para que las ayudas finalistas (esto es, en especie) se reciban con vales o un dispositivo que aprovechará el sistema telemático de las ofertas y las rebajas de los negocios locales. «Tenga, pero no se lo gaste en vino», es un clásico de las almas caritativas que daban limosna pero no se fiaban de que el pordiosero tuviera mucho vicio. Tampoco hace tanto que una diputada en Valencia asegurara que había perceptores de ayudas sociales que se lo gastaban en una pantalla de televisión de plasma, como esas en las que comparece nuestro presidente del Gobierno para esquivar a la prensa. Al final, y los grupos promotores de la iniciativa en Gijón tampoco han negado que fuera su intención, buena parte de los 8 millones destinados en el presupuesto de Gijón a la renta social servirán para frenar algo la pobreza pero también para garantizar un ingreso fijo al comercio local. No se ha escuchado ni una voz entre los que aquí suelen presumir de liberales por esta distorsión, a todas luces evidente, del libre mercado; y por arte de magia una intervención directa de los poderes públicos en la economía tiene el beneplácito de quienes normalmente consideran la «cultura de la subvención» como el mayor de los pecados. Menos cuando es para mí, claro.
En el debate ideológico ya es una derrota asumir el marco del adversario y aquí están ya vencidos todos los que han aceptado que las prestaciones sociales para colectivos altamente necesitados no tienen que molestar a los que ya viven por sus propios medios. Tomado al pie de la letra el dicho de que la caridad bien entendida empieza por ayudarse a sí mismo, tendremos renta social para los pobres pero también para el comercio. Por supuesto local, el de los barrios, el cercano. Porque aquí criticar a las pymes o a la empresa familiar es el auténtico tabú transversal por el que han entrado ya todos los partidos, como si no fueran unos (no los únicos desde luego) centros de trabajo donde menos se respetan derechos laborales. No se puede decir bajo pena de lapidación.
Pero nada es extremadamente surrealista en Gijón últimamente y para completar el esperpento, el PP de la ciudad ha solicitado que la parte de la renta social se destine, no a esa pobreza extrema que ellos juzgan inexistente, sino al pago de la mayor de las injusticias, en su opinión, que es la que sufren quienes tienen que pagar el impuesto de sucesiones. Ayudemos también con fondos públicos a los que van a heredar; no sólo es que no deben pagar impuestos, es que hay que subvencionarles el traspaso. No parece que este rizado del rizo vaya a tener mucho éxito pero ¿quién sabe? Al fin y al cabo, aunque apenas 4.191 personas tuvieron que pagar este impuesto en Asturias entre 2012 y 2015; aunque la renuncia a herencias de la comunidad está en los mismos exactos niveles que en el resto de territorios del Estado; pese a todos los datos oficiales, los números auténticos y estadísticos de Hacienda, pese toda evidencia, ya hemos sido derrotados en el marco, hemos asumido el mensaje de que los más afortunados sufren igual o incluso más todavía, que los míseros. Porque ya todos somos «clase media trabajadora», porque las ideologías son «viejas etiquetas», porque Trump que vive en una mansión con paredes de oro es la voz que mejor representa a los trabajadores pobres. Porque da todo igual, claro que sí guapi.