A la vista de que la Fiscalía General del Estado se puso a estudiar por qué sube la tarifa eléctrica, tanto las empresas generadoras y distribuidoras como los ingenieros y economistas del Estado se pusieron a estudiar -en justa correspondencia- por qué la Fiscalía es más populista que Podemos, más ineficiente que IU, más politizada que Sánchez y más desorientada que Rivera; y cuál será la causa de que, estando la Justicia manga por hombro -con plazos y modelos de investigación propios de Etiopía, y con sentencias llenas de contradicciones, desproporciones y opiniones personales- lo único que investiga la Fiscalía es la subida de la factura de la luz. Lo curioso del caso es que, mientras la Fiscalía se ha metido en un absurdo berenjenal, del que no podrá salir sin dejar en evidencia su ignorancia e incompetencia, los ingenieros y economistas del Estado ya han llegado a la apodíctica conclusión de que el mal de la Fiscalía es el desorbitado e infantil populismo que adorna a este órgano encargado de analizar e impulsar el cumplimiento de la ley. Y para ello han usado el siguiente argumento: que la Fiscalía investigase el precio de la luz, incluyendo las subidas y bajadas, tendría lógica, aunque fuese una estupidez. Pero que investigue solo las subidas -dando por supuesto que las empresas pueden delinquir en las alzas, mientras los Gobiernos no pueden delinquir en las bajas forzadas, oportunistas y fuera de mercado- es un puñetero prejuicio que ensombrece absolutamente este servicio público.
El segundo argumento de los ingenieros es que, si la electricidad subiese fuera de contexto, la investigación podría tener algún remoto sentido para un burócrata ocioso. Pero si la luz sube en plena ola de frío polar, con la eólica, la hidráulica y la solar paradas, con el petróleo y el gas en alza vertiginosa, con las nucleares francesas inactivas y las españolas embarrancadas por el terrorismo de ETA, y si la subida solo afecta a los que optaron por tarifa variable en vez de la tarifa media, ¿qué hay que investigar? Lo curioso, apuntan los economistas del Estado, es que, en un momento en que es imprescindible explicar las cosas con razonable claridad -para entender que el dinero público tiene el mismo ADN que el privado- la Fiscalía del Estado se apunta a la confusión y al populismo barato -el caro ya lo hace Trump-, y, en vez de leer los periódicos, se informa -supongo- en el programa Sálvame.
Y así no puede existir un país gobernable. La última aberración es que solo la Fiscalía parece ignorar que nuestro problema tarifario no viene de vender la energía eléctrica a precio de mercado, sino de haberla suministrado -prevaricando- por debajo del coste real. Pero ¿qué importa la verdad? Nada. Porque lo que quieren los fiscales -como Podemos- es estar con la gente. ¡Y nosotros pagando!