La libertad convertida en víctima del terrorismo


“Aquel que por libertar a su Patria mata al tirano es alabado y recibe premio”.

Santo Tomás de Aquino

Supongo que ningún celoso fiscal español intentará procesar a Tomás de Aquino, a título póstumo, por enaltecimiento del terrorismo porque se me haya ocurrido llevar esa cita, bastante conocida, a un artículo de prensa y que yo mismo estaré a cubierto si apoyo mis argumentos en un santo medieval cuyas obras están legalmente publicadas en España. Parece que hemos llegado a una situación en la que toda precaución es poca. Estos días han coincidido el sobreseimiento definitivo de las actuaciones contra los infortunados titiriteros del carnaval madrileño, que no les quita el tiempo que pasaron en la cárcel y en libertad provisional; el procesamiento de una joven estudiante de Murcia por publicar en Twitter unos chistes sobre el asesinato del presidente del gobierno del dictador Franco, hace ya 44 años; y la condena por el Supremo del cantante César Strawberry por otros tuits, alguno idéntico al de la chica de Murcia.

Resulta evidente que el terrorismo ataca brutalmente la libertad, no solo porque los asesinatos de periodistas, escritores o artistas pretendan acallar, directamente o amordazándolas con el miedo, las voces molestas, o porque las matanzas de fieles de determinadas confesiones religiosas o las agresiones xenófobas persigan acabar con la pluralidad: el miedo condiciona el comportamiento de todos los ciudadanos. El efecto se agrava si, además, quienes lo combaten se convierten también en liberticidas. Que la lucha contra el terrorismo podría conducir a las democracias a limitar la libertad de expresión y a violar los derechos humanos era algo evidente, la historia de los dos últimos siglos ofrece demasiados ejemplos, la presidencia de George W. Bush lo confirmó a comienzos del actual, solo el campo de concentración de Guantánamo serviría ya para demostrarlo. Hasta ahora, en Europa los estados habían actuado con bastante moderación, pero el terrorismo comienza a convertirse en un buen pretexto para las políticas xenófobas y autoritarias.

La aplicación que la fiscalía, cada vez menos autónoma del gobierno, y algunos jueces hacen del código penal para combatir supuestos casos de enaltecimiento del terrorismo y humillación de las víctimas no solo supone una amenaza para la libertad de expresión, sino que parece encubrir un intento de defender la legitimidad de la dictadura del general Franco y se convierte en ocasiones en un mal disimulado instrumento para atacar a la nueva izquierda agrupada en Unidos Podemos.

He visto recientemente la magnífica película alemana El caso Fritz Bauer, que trata sobre un fiscal socialdemócrata que encabezó en la posguerra, casi en solitario, la persecución de los nazis en Alemania. Bauer, reconocido jurista que tuvo que exiliarse en 1936, tras haber pasado por la cárcel, por su militancia en el SPD y su origen judío, obtuvo un primer triunfo en 1952, cuando logró el reconocimiento de los participantes en el atentado contra Hitler y la condena del general nazi que los definió como traidores a la patria: atentar contra un dictador, un gobernante ilegítimo, no era un acto de traición. El problema que subyace es el de si es legítimo utilizar la violencia contra una tiranía. En nuestro propio país se dan respuestas sorprendentemente contradictorias: a ningún juez o fiscal se le ha ocurrido todavía encausar a los historiadores, políticos, activistas o instituciones que recuerdan y homenajean a la guerrilla antifranquista. Era la misma dictadura, pero la lucha contra ella se juzga de manera diferente según los años. Si hubiera tenido éxito alguno de los intentos de atentado contra Franco ¿los protagonistas serían hoy héroes o terroristas criminales?

El debate sobre la utilización de la violencia en la lucha política es muy antiguo. La izquierda de tradición marxista rechazó por motivos políticos, no morales de carácter pacifista, la de los grupos minoritarios de autoproclamada vanguardia. La revolución que acabaría con el capitalismo sería necesariamente violenta, pero un acto de masas, el terrorismo era inútil, servía más para reforzar al régimen que se combatía que para debilitarlo. Esa perspectiva cambió entre algunos grupos de ultraizquierda en los años sesenta del siglo XX, tras el triunfo de la revolución cubana y el nacimiento de la resistencia palestina, sin duda, con cierta complicidad de los servicios secretos de países socialistas que, si bien apoyaban a los partidos comunistas que se dedicaban a una actividad política y sindical pacífica, no tenían empacho en utilizar a los radicales si resultaba útil. Desde el otro lado, EEUU no dudó en financiar y entrenar a grupos, ¿terroristas o combatientes de la libertad?, que ponían bombas y cometían asesinatos en Cuba, Chile, Nicaragua o Afganistán, de los últimos surgió Al Qaeda.

El nacimiento de ETA se produjo en ese contexto y durante la dictadura se criticó desde la izquierda su actividad por aventurera, pero no podía provocar un rechazo ético porque el régimen era ilegítimo y criminal. De hecho, muchos de sus militantes de entonces rechazaron pronto el terrorismo, primero los trotskistas de ETA VI y algo más tarde, poco después de la muerte de Franco, los de ETA (pm), de la que nacería Euskadiko Ezquerra y de la que varios de sus integrantes acabaron en el PSOE. El atentado contra Carrero Blanco no pudo provocar en 1973 la condena moral de quienes se oponían a la dictadura, más bien sucedió todo lo contrario, a pesar del miedo a las represalias. Otra cosa es que poco después viniese el de la calle del Correo, que demostró lo fácil que resultaba que la violencia condujese a la barbarie y que, de hecho, durante cierto tiempo se atribuyó a la extrema derecha o a los servicios secretos, ETA no lo reivindicó entonces. Lo que siguió haciendo la llamada ETA militar durante la transición y la democracia es bien conocido y, sin duda, está estrechamente relacionado con lo que ya una parte de sus creadores defendían en los últimos años de la dictadura, pero condenar el terrorismo de ETA no puede hacernos olvidar la perspectiva histórica y que no se pueden utilizar los mismos criterios sobre la violencia en una dictadura y en una democracia. Precisamente por ello, parece muy discutible que se pueda acusar de enaltecimiento del terrorismo a la estudiante de Murcia, no solo por la banalidad de sus chistes.

Lo de los titiriteros fue un verdadero escándalo, un montaje de la caverna madrileña con el único fin de debilitar a Manuela Carmena, que debería hacernos reflexionar también sobre la llamada “alarma social” que determinados medios provocan a conveniencia y nunca debería servir por sí sola para llevar a nadie a la cárcel.

No sé si es necesario modificar la redacción de los artículos correspondientes del código penal o serviría con una sentencia aclaratoria del Tribunal Supremo que sentase jurisprudencia, algo que hoy se antoja más difícil, o peligroso, que lo primero, pero no se puede permitir que la lucha contra el terrorismo se convierta en un instrumento para acabar con la libertad de expresión o atacar desde la fiscalía a la oposición política.

También merecerían un comentario las «injurias» al jefe del estado y a los símbolos de la nación, ahora tan perseguidas. No está mal recordar que en EEUU, país del que aquí suele admirarse el patriotismo, quemar la bandera se considera un acto protegido por la libertad de expresión o, en sentido contrario, que la hipersensibilidad de Erdogan ha llevado a que recientemente se procesase en Turquía a un pobre camarero al que se le ocurrió comentar que no le serviría un té al presidente. Lo que sí es verdaderamente grave es injuriar a la libertad, ante la duda, protéjasela a ella.

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