El previo del juicio de Artur Mas, Ortega y Rigau ha sido un formidable acto de propaganda y de exaltación de la independencia de Cataluña. Todo estuvo concienzudamente preparado: se ofreció a los funcionarios la posibilidad de tomar el día libre, una forma de coacción; se convocó a medio millar de cargos públicos de los partidos nacionalistas; se contrataron 150 autobuses de las cuatro provincias… De esta forma se consiguió reunir una multitud entusiasta, miles de banderas esteladas, canto de Els Segadors y gritos de independencia y democracia. Para las televisiones extranjeras, un material muy valioso. Para el independentismo, una exhibición de músculo. Para el Estado, una lección de cómo se moviliza a la gente y se transmite la impresión de casi un levantamiento popular contra el procesamiento de un caudillo de la causa nacional catalana.
En cuanto al juicio en sí, las primeras declaraciones de los procesados no aportaron novedad sustancial: los tres han asumido sus responsabilidades, las han repartido con los voluntarios anónimos, utilizaron los trucos dialécticos que pueden usar los procesados, incluido el de la mentira, y Mas intentó hacer del momento lo que había prometido, un avance sustantivo en el proceso de desconexión. Nada nuevo bajo el sol. Todo estaba muy anunciado en declaraciones periodísticas anteriores.
Por eso, de momento y hasta que haya un mayor avance e incluso una sentencia, me parece más interesante lo ocurrido en el exterior del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Alguien en el poder central tendría que tomar nota de algunos detalles. Por ejemplo, cómo ha calado en gran parte de la sociedad catalana la idea de que no hay democracia si no se permite celebrar un referendo, o la perversión de que el Estado español no es democrático porque procesa a quien pone unas urnas o promueve juicios políticos, como en las dictaduras. Por eso el nombre que se puso en letras bien visibles para que saliese en todas las fotos es «democracia».
Y todo eso se hizo sin que el Estado español haya mostrado la menor capacidad de reacción, ni la menor imaginación para crear una frase o un mensaje que restableciese la verdad, ni la menor inteligencia estratégica para ganar a algún sector de la opinión pública. Al revés: los sucesivos Gobiernos se dejaron engañar por la impresión de que todo era un artificio; se dejaron llevar por la creencia de que el sentido común de los catalanes se encargaría de eliminar los impulsos soberanistas. Y ahí están los resultados: cada día es más visible el conflicto entre dos legalidades. Y esos conflictos de legalidad suelen terminar en la desobediencia civil. Que es lo que busca el independentismo más radical.