Es lo que tiene la mentira, que solo se puede tapar con el fanatismo o con la hipocresía. O con ambas a la vez. Envuelto en la bandera y arropado por una legión de fieles, el sumo sacerdote Artur Mas se presentó ante el tribunal como mártir de la causa y de la democracia. Pura fachada. Un teatrillo para mantener prietas las filas y presionar a los jueces. Porque la manifestación, encabezada por la cúpula política catalana, con la que los acusados llegaron a los juzgados no tiene nada de inocente. Fue un vulgar intento de contraponer legitimidades, como si el apoyo popular, más o menos masivo, fuera patente de corso para saltarse las leyes o para ponerlas en suspenso. La democracia se sustenta en el respeto a la legalidad, expresión de la voluntad popular constituida según los procedimientos legítimamente previstos. Nadie, absolutamente nadie, puede situarse por encima ni al margen de la ley. Defender otra cosa, sea cual sea la excusa, incluida la de un supuesto respaldo popular, es un abierto ataque a la democracia.
Cuando Artur Mas se escuda para defender el 9N en un supuesto mandato parlamentario, obvia que la Cámara catalana no es soberana y que solo tiene potestad para decidir aquello que la Constitución y el Estatuto le permiten. Es más, incluso los Parlamentos soberanos solo tienen legitimidad para prescribir lo que la ley les permite. Podrán cambiarla según los procedimientos establecidos, pero nunca ignorarla. Porque la soberanía es un destilado histórico, no una sucesión de actos puntuales que se nieguen unos a otros.
Los soberanistas se atribuyen una capacidad política de la que carecen. Y por mucho que proclamen lo contrario, no les basta invocarla para tenerla. Y lo saben. Por eso Artur Mas recurrió a la argucia de diferenciar entre responsabilidad política y penal, como si pudiera separarse el impulso político del acto de su puesta en práctica. Puro fariseísmo. Conscientes de que no disponen de la fuerza política necesaria, tratan de alcanzar sus propósitos tergiversando la realidad y desafiando la legalidad. Y ya que lo hacen, deberían ser consecuentes y asumir el precio penal en nombre de la causa. Es lo coherente. Pero no. Ya se sabe, pura hipocresía.