La investigación judicial del exgobernador, de directivos del Banco de España y del expresidente de la CNMV es un grave asunto. Echa una montaña de dudas sobre los reguladores de los mercados. Daña la credibilidad y el prestigio de nuestras instituciones financieras. Abre una nueva tormenta política, como demuestra el torrente de peticiones de comisiones parlamentarias de investigación. Y provoca desaliento en una sociedad que vive cada día un sobresalto de desidias, malas praxis y posibles delitos. Todos los que van a ser investigados entraron ya en un juicio de la opinión pública y de la publicada que se ha convertido, según algunos analistas, en todo un proceso al sistema.
No lo es todavía, porque solo estamos ante una orden de investigación, pero puede llegar a serlo. Habrá que aclarar, primero, si hubo responsabilidad penal o solo responsabilidad política. Los jueces tendrán que decidir si los señores Fernández Ordóñez, Segura y demás investigados han cometido un error de gestión o han cometido un fraude en toda regla. Y habrá que determinar si los reguladores actuaron por su cuenta u obedecieron instrucciones políticas «de arriba»; es decir, de la entonces ministra de Economía, Elena Salgado, o del propio presidente del Gobierno en el 2011, señor Rodríguez Zapatero.
Hay algo que actúa a favor de los responsables del Banco de España y de la Comisión Nacional de Mercado de Valores: posiblemente pensaron que con la salida a Bolsa se recogería bastante dinero como para cubrir los tremendos agujeros de la entidad y evitar su nacionalización. Posiblemente entendieron (o les hicieron entender) que era mucho mejor un pecado de ética, un engaño a los inversores (¿un engaño más?), que un riesgo de quiebra que provocaría gravísimos problemas al país. O quizá consigan demostrar que, como dice la actual dirección del Banco de España, su actuación «se ajustó al cumplimiento de las normas, a la defensa de la estabilidad financiera y al interés general».
La perspectiva negativa está en un FMI que previamente había considerado a Bankia como «el principal problema del sistema financiero español» y los correos del inspector del Banco de España José Casaus, que antes de la salida a Bolsa avisó de la «viabilidad cuestionable [de Bankia] por sus problemas de rentabilidad, liquidez y solvencia». Por qué no se hizo caso a esas advertencias, por qué se «miró para otro lado», como dijo el ministro Guindos, es lo que ahora se debe aclarar. Otra vez más, con un inmenso retraso de casi seis años. Lo único cierto es que con aquella dirección del Banco de España y de la CNMV se desmoronó el sistema de cajas de ahorros y no solo de Bankia. Y nos costó los miles de millones que nos costó.