Por primera vez, un miembro de la familia real ha sido condenado a prisión. Y también por primera vez, un proceso judicial que salpica a la Casa del Rey y a distintas instancias de gobierno ha llegado a término con todas las garantías exigibles, en un sentido y en otro. Las instituciones funcionan, y lo hacen con razonable normalidad. Ciertamente, con sus más y sus menos. Como la tardanza en resolver un asunto que se descubrió hace once años y en enjuiciar hechos que sucedieron hace más de veinte. El paso del tiempo menoscaba el sentido de la justicia y distorsiona tanto la interpretación como la valoración de la sentencia. Y es la prueba más evidente de la perentoria necesidad de una reforma procesal y de un incremento de los recursos materiales para que la Justicia sea lo que debe ser, justa, no justiciera, como parecían reclamar algunos.
El caso Nóos, por la notoriedad de sus protagonistas, es el símbolo de una época en la que unos cuantos se aprovecharon de su posición institucional para asaltar las arcas públicas. Así lo reconoce la sentencia. Y es lo que hace que el fallo deje tan profundo poso de amargura. Porque si el latrocinio fue considerable, el daño moral ha sido muy superior e irreparable. Cierto que los jueces no están para hacer reparaciones morales, sino consideraciones jurídicas. Pero estas parecen tan timoratas y garantistas que dan la impresión de favorecer al delincuente. La teoría de la ignorancia que exculpa a la infanta extiende el ámbito de la impunidad. La benevolencia con los políticos abona la irresponsabilidad. Aunque la absolución penal no conlleva una exculpación política ni una exoneración del mal causado. Especialmente grave por la posición de muchos acusados. Y particularmente de la infanta, que debería renunciar a sus derechos dinásticos para no dañar aún más a la monarquía.