Soberana vergonzosa sentencia


No por no ser sorprendente arruina la vergüenza. Acaso le quita el lustre, el colorido rojizo con que se pintan las mejillas quienes se sonrojan de vergüenza. Aquí no hay color, pero la vergüenza está. Una soberana vergüenza. ¿Quién llegó a considerar que una hija y hermana de reyes pudiese ser condenada por unos garabatos en unos papelitos? Los jueces, no. Por eso dictaron una soberana sentencia absolutoria.

El cabeza de cartel del carísimo equipo de abogados de Cristina de Borbón, Miquel Roca, afirmó ayer satisfecho: «Todos somos iguales ante la ley», pero siento que lo dijo, cómo diría yo, en pasiva, como si fuera a la inversa. Porque en las manos de las tres magistradas, que se tomaron su tiempo para redactar la sentencia, tiempo extra largo (ocho meses), estaba la Casa Real y su reciente reconversión para ser amada por los súbditos. Las sombras que sobre ella se cernieron con el Caso Nóos, ¿acaso no precipitaron la abdicación de Juan Carlos I? ¿No está dando muestras Felipe VI de un giro en el rumbo de esta barcaza?

No, no todos somos iguales ante la ley. El Código Penal no cuenta con el certificado científico de la Ley de la Gravedad. El legislador le dio un margen operatorio para, por ejemplo, condenar al esposísimo Urdangarin a seis años y tres meses, y no a diecinueve y medio como pedía la Fiscalía Anticorrupción (para otro de los condenados, Diego Torres, solicitaba dieciséis y medio, y le cayeron ocho y medio, y que se dé con un canto en los dientes, porque sin esos compañeros de aventuras la pena hubiera sido muy superior). Lejos de un término medio aproximativo quedan esos dos trienios. El legislador le dio margen, además, para que sus señorías descarten unas pruebas en beneficio de otras.

Las sombras se han mudado de la Casa Real a la Casa de la Justicia, al tercer poder del Estado. Un plebeyo no puede contratar al equipo de Roca, ni poner en jaque una monarquía, e incluso un país. Un plebeyo es sentenciado con rapidez y con contundencia, con todo el «peso de la ley». Aquí no hubo peso. Lo intentó el juez instructor, José Castro, que tras cinco años de pesquisas demostró que, al menos, una Infanta de España debía sentarse en el banquillo de los acusados. Aquí no hubo peso. El fiscal Pedro Horrach, más que fiscal, el primer abogado defensor de la Borbón, a quien solo acusó de ser partícipe a título lucrativo y que, como premio, recibirá cerca de 400.000 euros, pues había adelantado dinero de más para compensar posibles incumplimientos con Hacienda, exonerándola de los muy variados delitos de corrupción que se pasearon por la sala de la Audiencia Provincial de Baleares.

No, la justicia no es igual para todos ni es ciega, porque está hecha y ejecutada por los hombres y sus circunstancias. José Castro, el juez perdedor, lo dijo ayer con otras palabras, a propósito de la actitud de Cristina de Borbón en el juicio: «La ignorancia de la que hacía gala ha merecido crédito» (del tribunal).

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