En manos de los jueces, no es normal


Fijaos qué panorama.

1) La monarquía ha sido sometida a una durísima prueba por una actuación judicial provocada por los manejos de Urdangarin y ahora no está claro si la sentencia ayuda o perjudica a la Corona.

2) La integridad del territorio nacional, puesta en peligro por el independentismo catalán, depende en parte de lo que hagan los jueces del Tribunal Superior de Cataluña, sin nada bueno a la vista: si absuelven a Artur Mas y compañía, habrán autorizado que se haga cualquier referendo y se desobedezca al Constitucional; si los condenan, habrán fomentado el victimismo, que entre los nacionalistas solo necesita un pequeño empuje.

3) El presidente de una comunidad autónoma, Murcia, tiene pendiente su cese o su confirmación según decida un juez: iniciar o no procedimiento penal contra él.

4) El partido que gobierna España tiene en juego su honorabilidad según decida un juez: acusarle o no de financiación ilegal.

Y 5) Nuestros dineros dependen de decisiones judiciales, según se ha visto en la compra de acciones de Bankia, en las cláusulas suelo, en los gastos de compra de una casa o en el impuesto de plusvalía municipal, anulado en parte por el Tribunal Constitucional.

La lista podría alargarse de forma indefinida e inspira una conclusión de partida: esto no es normal. Vale que haya casos de corrupción y que la Justicia los juzgue a un ritmo ciertamente mejorable, porque la Corona ha sufrido el caso Nóos durante once años y los que le faltan si hay recursos ante el Supremo. Vale que los políticos independentistas que se han propuesto pasar las leyes del Estado por el arco de triunfo sean procesados como lo sería cualquier otro ciudadano. Pero no es normal que un altísimo porcentaje de la vida pública nos esté llevando hacia un auténtico gobierno de los jueces con todo el triunfo del Estado de derecho que se quiera, pero también con todos los problemas derivados, alguno muy inquietante.

Señalo básicamente tres. Primero, la judicialización de la política, que está conduciendo a que grandes cuestiones políticas se quieran decidir en los juzgados. Segundo, la inseguridad jurídica derivada de la diferencia de criterio de los sentenciadores, que lleva a increíbles diferencias de penas por delitos que el ciudadano entiende que son iguales. Y tercero, la incapacidad de la estructura de la Administración de Justicia para hacer frente a tantos conflictos y pleitos, con el consiguiente atasco en los juzgados, lo que provoca que sea cierto el viejo principio que afirma que una Justicia tardía no es Justicia.

Alabo el esfuerzo de los jueces por hacer un país más justo. Protesto contra los hechos, personas y costumbres que nos llevan a que todo lo tenga que decidir un juez.

En manos de los jueces, no es normal