Echar a un presidente


Atentos a la pantalla de la presidencia del gobierno de la Región de Murcia. Los avatares de su titular, don Pedro Antonio Sánchez, por su dudosa gestión en el llamado caso Auditorio cuando era alcalde de Puerto Lumbreras se han convertido en un test de nuestra clase política, de qué se entiende por corrupción -¡a estas alturas!-, de cuál es el papel de los fiscales y de cuándo debe cesar o dimitir un cargo público investigado por la Justicia.

Es decir: después de tantos años sufriendo la corrupción, debatiendo su daño y persiguiendo y juzgando a algunos de los presuntos delincuentes, estamos como al principio: sin saber exactamente qué hacer cuando el denunciado es un cargo público de relieve.

Si se oye al Gobierno central, tiene muchísima razón: dijo el presidente Rajoy que la presunción de inocencia es uno de «los derechos humanos de la persona» y como tal tiene que ser respetado: Pedro Antonio Sánchez es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Si lo que hizo en Puerto Lumbreras fue, como se dice, «un error administrativo», es evidente que Sánchez no es un Granados que se enriqueció a costa de los organismos públicos. Pero es llamativo que el PP defienda con tanto ardor a un presidente de autonomía y no haya hecho lo mismo con quien no tiene tanto poder. Rita Barberá, por ejemplo, fue enviada al Grupo Mixto del Senado sin tantos miramientos. Y no está claro que hubiese pruebas contra ella. Cuando Rajoy le llamó «persona decente» había fallecido. Pero un presidente autonómico es un presidente. Es cuota de poder territorial que no se puede perder ni de forma cautelar.

Respecto a los demás partidos, actúan sin piedad y con desconocimiento de la presunción de inocencia. Ciudadanos echa mano de su pacto y toma la llamada del juez a declarar como una condena y está dispuesto a dejarlo caer. El PSOE y Podemos están urdiendo una moción de censura con el mismo entendimiento del PP, pero al revés: si le pueden quitar un Gobierno a la derecha, no pueden desperdiciar una oportunidad como esta. Y así, entre todos, le están haciendo pagar al señor Sánchez una pena comparable a la pena de telediario.

Todo esto es lo que clama al cielo: como digo, después de tantos años, de tantos casos y de tantos debates todavía no se sabe en qué momento se debe pedir la cabeza de alguien investigado por presunta corrupción. No saben que una cosa es la ejemplaridad y otra la negación del derecho a la legítima defensa. Al menos podían llegar a este mínimo acuerdo: que haya un cese cautelar cuando se investiga, pero que se pueda retornar al puesto perdido si los jueces no encuentran motivo para procesar. Pero debe de ser mucho pedir para quienes tienen tantas ansias de poder.

Echar a un presidente