Aunque ya casi nadie parece recordarlo, en el 2002 se aprobó una ley de partidos que apoderaba a los jueces para suspender o disolver las organizaciones políticas cuya actividad vulnerase de forma reiterada y grave los principios democráticos, persiguiese deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático mediante las conductas recogidas en el articulado de una norma que permitió ilegalizar a Batasuna y a las marcas fraudulentas con las que el partido de ETA pretendió burlar la ley de forma reiterada.
Su aprobación fue precedida y seguida por una traca de críticas procedentes de dos bandos diferentes: de un lado, los finísimos juristas no nacionalistas a quienes ilegalizar un partido les parecía intolerable en democracia, aunque no que el brazo político de una banda terrorista actuase dentro de la ley; del otro, el tropel nacionalista, que, comprensivo o cómplice con el asesinato, el secuestro y la extorsión, denunciaba la ley por ¡antidemocrática! Ambos bandos, opuestos en muchas cosas, coincidían en una, sin embargo: en que la aplicación de la ley produciría un apocalipsis, pues el pueblo vasco se levantaría contra tan feroz ataque a su libertad e identidad. ¿Apocalipsis? Cuatro chalados encima de un tejado ondeando una bandera: ese fue el apocalipsis. Pero su amenaza funcionó durante años como un auténtico chantaje para no hacer nada contra Batasuna, cuya ilegalización marcó el principio del fin de la banda terrorista.
Similar amenaza está funcionando con el secesionismo catalán. Sí, sí, ya sé que este no es violento ni tiene que ver con ETA o Batasuna. La comparación entre ambos conflictos no lo es, por eso, entre quienes los impulsan, sino entre la amenaza que están utilizando para evitar que el Estado aplique la ley en Cataluña con la misma diligencia con que lo haría en Burgos o Sevilla y con similar firmeza que si la violaran fuerzas no nacionalistas.
Esa amenaza no es otra que la de un apocalipsis si el Estado cumple con su obligación de asegurar el cumplimiento de la ley. Tal apocalipsis no se ha producido tras el procesamiento de los impulsores de la payasada del pasado referendo. No se producirá, más allá de las previsibles algaradas callejeras, si aquellos resultan condenados. Y es mucho más que dudoso que una parte de Cataluña llegue a alzarse contra el Estado si este decidiese, aplicando el artículo 155 de la Constitución, poner fin de una vez, y con la ley en la mano, a las insoportables bravuconadas de un presidente de la Generalitat que lleva meses vulnerando la ley y anunciando que convocará un referendo ilegal que supondría la comisión de varios actos delictivos.
Pero el chantaje del apocalipsis surte efecto: cada día el secesionismo da un paso hacia delante y uno hacia atrás el Estado democrático. A eso se le llama en estrategia perder una batalla.