Ministro de Fomento de Conflictos

OPINIÓN

06 mar 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

Fue en Europa donde, a finales del siglo XIX, se empezó a configurar un modelo sociolaboral que pretendía aplacar, en parte, las tensiones políticas y sociales resultantes no solo de conflictos geopolíticos, sino de los derivados de las profundas transformaciones económicas acaecidas desde la Revolución Industrial. Conflictos que acabarían desembocando, en las primeras décadas del siglo XX, en una guerra y una crisis mundiales devastadoras, respectivamente: la Gran Guerra y la Gran Depresión.

Otto von Bismarck, el autoritario político proveniente de la nobleza terrateniente prusiana, preocupado por conjurar la amenaza socialista en «su» Reich, promulgó la Ley del Seguro de Enfermedad en 1883, un programa de indemnización por accidente en 1884, y otro de retiro para enfermos y ancianos en 1889. Aunque al año siguiente, su nuevo jefe, el Káiser Guillermo II, lo despidió porque su fobia al socialismo se exacerbaba y el emperador, por contra, creía que para evitar la revolución, mejor que la represión, había que ocuparse de reducir el malestar de los trabajadores.

Más tarde, al cerrar la Primera Guerra Mundial con la firma del Tratado de Versalles, se creó la Organización Internacional del Trabajo (OIT) supuestamente con la convicción de que una paz duradera y universal solo se alcanza cuando se fundamenta en el trato decente a los trabajadores.

Aquel modelo trataba de crear un marco de desarrollo estable con mecanismos que alimentaran la expectativa de justicia social. Y aunque supuso notables avances en la protección de los trabajadores, no llegó a fraguar a tiempo de evitar el surgimiento de respuestas fascistas a la crisis económica, política y social, que nos abocaron a la Segunda Guerra Mundial.

Dos siglos después de que el Canciller de Hierro fuera tachado -que ironía- de «socialista» por dar origen a la Seguridad Social, estamos haciendo el camino inverso: precarizando el empleo de quienes aún lo tienen y desprotegiendo a los que no lo tienen. La exclusión social está abonando, de nuevo, el terreno de la crisis económica, política y social en el que el neofascismo brota como una plaga que los partidos tradicionales son incapaces de controlar. Los partidos de la Gran Coalición han condenado al pueblo al austericidio, porque son perros que no muerden la mano que les da de comer.

Así, no dejan de surgir conflictos laborales como consecuencia de unos ajustes que pretenden que la clase trabajadora, ya sea ocupada o en paro, pague la factura de una inmensa negligencia político-financiera. Una crisis mundial que tiene su origen en una desregulación patrocinada por entidades financieras especulativas que han convertido la economía mundial en un sórdida casa de apuestas.

Estos días, el conflicto que ha generado el gobierno, al imponer unilateralmente una reforma de los servicios portuarios, amenaza en convertirse en un símbolo de la lucha por la dignidad en el trabajo que puede tener no solo un grave coste para la economía española, sino que puede trasladarse a otros sectores de un mercado de trabajo que cuenta con una tasa creciente de trabajadores pobres; alrededor del 15% ya. La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que obliga al Estado español a reformar el acceso a los servicios portuarios, se ha convertido en un pretexto para atacar a un colectivo profesional que desempeña su trabajo en condiciones dignas y, por lo tanto, susceptibles de erigirse en un nuevo trofeo de las rentas del capital, en detrimento de las del trabajo.

Despreciar la negociación colectiva mediante un decreto ley y poner fecha de caducidad a los empleos en los puertos, para crear otros nuevos con condiciones inferiores que afectarán a la calidad y a la seguridad en la estiba, y financiar con dinero público despidos de empresas privadas, es algo que va, interesadamente, más allá de las transformaciones necesarias para actualizar los servicios portuarios y adaptarlos a la normativa europea.

No parece que el colectivo de los estibadores sea el más propicio para una actitud pedenciera con la que el Ministro de Fomento de Conflictos cree hacer méritos para un futuro asiento en un Consejo de Administración (de la Rampante Miseria Ajena).

¿Queda algún colectivo al que despojar de dignidad? ¿Renfe? ¿Correos? Ahí están los próximos conflictos.

¿Y la próxima semana?

La próxima semana hablaremos del Gobierno.