La subordinación de la fiscalía y la equidad de la justicia

OPINIÓN

07 mar 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

La destitución por el nuevo fiscal general del estado de algunos de los fiscales más implicados en la lucha contra la corrupción y las decisiones de los jueces sobre las medidas cautelares aplicables a los señores Undargarín, Blesa y Rato han mostrado de forma un tanto escandalosa dos de los problemas más serios de la democracia española actual: la dependencia de la fiscalía con respecto al gobierno y la mala politización de la justicia. Acabar con la primera es ya una urgencia, especialmente cuando se quiere impulsar una reforma de la ley para que la instrucción de los casos pase a manos de los fiscales y se pretende poner trabas a la acusación particular. No sería difícil, con transferir el nombramiento del fiscal general al consejo del poder judicial se habría dado un gran paso, que se completaría con una reforma del sistema de elección de este organismo para evitar su politización partidista.

Si he utilizado anteriormente la expresión «mala politización» es por que lo que no se puede pretender es que los jueces y fiscales carezcan de ideas políticas o convicciones morales o religiosas. Es inevitable que, incluso de forma inconsciente, influyan en sus actuaciones, también lo es que comentan errores, pero la posibilidad de recurrir y que tribunales distintos revisen el caso debería corregir sus consecuencias. Lo que no resulta aceptable es que existan jueces o fiscales en ejercicio vinculados a un partido. La imposibilidad de intervenir en casos que afecten a una organización política de la que han obtenido nombramientos o a la que han estado vinculados de forma estrecha debería ser automática. Es algo que no solo afecta a los señores López y Espejel por su relación con el PP, recientemente ha salido a la luz el caso de uno de los magistrados que debe juzgar a los señores Chaves y Griñán y fue un alto cargo de la junta andaluza. Los propios jueces deberían ser los primeros en apartarse en estas circunstancias porque a nadie más que a ellos debería importarle el prestigio de su profesión, pero, si no es así, la ley tendría que impedir que pudieran producirse.

Más difícil resultará lograr que el consejo general del poder judicial sea apartidista. La ley podría establecer un sistema de exclusiones para los nombramientos, pero quizá haya que reformar también el modo de elección. Que todos sus integrantes sean elegidos por las Cortes fue una decisión imprescindible en 1985, cuando la inmensa mayoría de los jueces había obtenido su plaza durante la dictadura y demasiados eran afines a ella. Este año se celebrará el 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas, la situación no es la misma.