La historia contemporánea de este país estuvo marcada por la división, a veces artificial, a veces dramática, de las «dos Españas»: la liberal y la intransigente, la reaccionaria y la progresista, la clerical y la comecuras, la azul y la roja. La crisis económica dejó otro fraccionamiento: la España devaluada y la que mantuvo o incrementó sus privilegios. La crisis política e institucional aportó otra inquietante división: la España constitucional y la anticonstitucional. Ambas sugieren el esquema de la transición: la primera es partidaria de la reforma («de la ley a la ley»), para adecuar la norma fundamental a la nueva realidad. La segunda propone la ruptura con un proceso constituyente global.
Pero se acaba de abrir una nueva división que hace hablar de «dos Españas». Se ha visto en los juzgados con estas dos escenas: Blesa y Rato llegan a la Audiencia Nacional para asistir a la vistilla que decidirá su inmediato futuro. A un lado está el público que les espera y los insulta y quizá no les agrede porque hay policía que garantiza su integridad. Al otro, el tribunal oye a las partes, una de las cuales pide medidas preventivas, sobre todo para Blesa, y decide que ambos pueden seguir en libertad porque no hay riesgo de fuga y por su conducta «cabal e intachable» durante el juicio, detalle este, «durante el juicio», ocultado por parte de los medios informativos: es más hiriente hablar de ambos personajes como intachables.
Antes ocurrió con Urdangarin. Como este señor vive en Suiza, se le permite seguir haciéndolo, y entre una prensa que lo destaca así («Urdangarin libre y en Suiza») y el detalle de ser yerno y cuñado de reyes, para qué queremos más: nos hemos cargado la igualdad ante la ley. El resto lo ponen algunas tertulias e Internet, donde muchos ciudadanos descargan su ira. Otra vez las dos Españas; la España justiciera que reclama ejemplaridad y la España judicial garantista que aplica la legalidad de acuerdo con uno de sus principios: en la duda, a favor del reo.
Ese es el clima que se respira en la calle. Y me temo que con fuerte deterioro institucional.
No es un problema de cultura jurídica, como a veces se alega. Es un problema de hartazgo. La sociedad justiciera está herida de tanto escándalo. No acepta las medidas de clemencia ni la aplicación de la ley, si esa ley favorece al culpable, y no hay síntomas de que vaya a cambiar. ¿Y pueden cambiar los jueces? En aplicar la ley, dura o blanda, no: están para eso y esa es su fortaleza. Pero alguien tendrá que pedir al legislador que piense por qué hay tantos pequeños delincuentes en la cárcel, mientras tantos grandes siguen en libertad. Todo eso es lo que provoca la ruptura y la irritación social.