Parece estúpido de puro obvio, de sangrante evidencia, tener que remarcar que las víctimas de los atentados del 11M fueron las 193 personas fallecidas y los 1.858 heridos por las explosiones en los trenes. Y, sin embargo, esto que resulta tan palmario, no ha sido siempre así para todo un sector (y no todo lo pequeño que debiera) de la sociedad española. Para ellos, la principal víctima del atentado fue el partido en el gobierno porque la masacre se cometió en vísperas de unas elecciones que, por lo visto, el destino había designado que tendrían que ganar. A lo largo de la siguiente legislatura se desplegó una campaña constante de desprestigio hacia instituciones del Estado que no daban pábulo a su teoría de la conspiración.
En esa trama, la auténtica de este asunto, participaron políticos que acusaron al Ejecutivo de ZP de entregar información reservada a otros grupos terroristas o a servicios de inteligencia extranjeros (lo hizo por ejemplo en un mitin en Asturias la entonces diputada popular Alicia Castro Masaveu, ante un nutrido grupo de militantes y dirigentes del partido); también periodistas que no tuvieron empacho en publicar informaciones falsas o dirigir desde sus programas de radio insultos sin parangón hacia la presidenta de la asociación de víctimas que no les daba cancha en su fabulación. A Pilar Manjón un grupo de jóvenes patriotas con la bandera rojigualda de capa le gritaron que se metiera sus muertos por el culo, sin que jamás fueran juzgados, ni perseguidos, ni investigados por tribunal alguno. La derecha española, gente de orden y buena familia, vestidos formales, con la camisa por dentro y el jersey anudado al cuello, llegó hacer cosas que sólo atribuían entonces a los matones más embrutecidos del entorno etarra.
Lo peor, pese a todo, no fueron todas esas caras públicas que hicieron lo que hicieron (y está grabado o publicado en las hemerotecas) sin que se les haya caído la cara de vergüenza. Lo peor fue alimentar a un franquismo sociológico que vive de la sospecha, de que algo nos ocultan todos estos «políticos», las «autonomías», tanto gay y tanta mujerzuela hablando por ahí como si fueran personas también. La post verdad, el uso de informaciones deliberadamente falsas por parte de cargos electos para crear un clima de tensión en la opinión pública, no lo inventó Donald Trump ni Steve Bannon, sino que se ensayó en España por muchos años.
Y aún sigue. No ya con los atentados (que también) porque hay un grupo muy ultra de ciudadanos que viven convencidos del complot judeomasónico que les atenaza; sino en debates mucho más recientes, sobre todo tipo de asuntos, y también, vamos a decirlo, el fiscal. Se promueven ideas falsas, datos inventados, y se da cancha en determinados medios a una jauría que se cree atacada por confabulaciones que no existen. Hay todavía muchos dirigentes políticos y también periodistas que viven en la absoluta irresponsabilidad y es así, precisamente, porque nunca jamás tienen que asumir ninguna.