Sentencia salomónica. Absolver a Mas y compañía hubiera sido como declarar legal el «proceso participativo» del 9N. Aplicarles la pena que pedía el fiscal (diez años de inhabilitación) sería provocar el victimismo independentista. Así que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña optaron por una sentencia suave y técnicamente discutible: no ven delito de prevaricación administrativa y los condenan por desobediencia. Digo que la sentencia es discutible en ese punto porque un gobernante difícilmente puede desobedecer sin prevaricar al mismo tiempo. La prevaricación es adoptar decisiones a sabiendas de que son injustas. Desobedecer desde un gobierno es adoptar una decisión sabiendo que es injusta. Luego, hubo prevaricación. Luego, la sentencia es favorable a los personajes juzgados. Convocar un referendo ilegal y poner los medios para que se celebre le salió barato el señor Mas, salvo que Carles Puigdemont decida celebrar elecciones en el período en que Mas está inhabilitado.
Esto es, a mi juicio, lo que se puede opinar desde la distancia y la frialdad del observador. Sin embargo, si hubo alguna intencionalidad de los magistrados para no provocar una tormenta política, ha resultado inútil. Las voces independentistas que se oyeron insistieron en el discurso habitual: se juzgan ideas, no delitos; se persigue judicialmente posiciones demócratas; se cae en la aberración de llevar a los tribunales algo tan democrático como poner unas urnas; la actuación judicial no frenará el procés… El independentismo sigue sin reconocer que existen unas leyes y sigue sin aceptar que, si existen, se tienen que cumplir aunque no les gusten. En los próximos días asistiremos al gran espectáculo de ver cómo se aprovecha esta sentencia para agudizar el conflicto ya planteado entre dos legalidades: la española y la catalana. No se puede esperar otra cosa de quien prepara su independencia y la ruptura con el «Estado opresor».
Pero ahora falta lo mejor: el juicio que ya se conoce como «el juicio del tres per cent». Multitud de testimonios apuntan a Artur Mas como máximo responsable político de las millonarias mordidas para su partido. Será difícil de demostrar, como no se demostró que Felipe González estuviese detrás de la financiación ilegal organizada por Filesa o Rajoy conociese el tinglado de Bárcenas, a pesar de los famosos SMS.
Pero ante la evidencia de concesiones de obras y servicios a cambio de dinero no hay disculpa ni victimismo que valgan. Podrá no haber condena penal, pero tendría que haber cuando menos un reproche social. Y ahí quiero ver a los dirigentes de Convergència, ahora PDCat. Son capaces de decir que cobraban el tres por ciento para construir el Estado catalán.