De los 1.164 funcionarios ingleses que hay en las sedes de la Unión Europea, una buena parte está llamando a las puertas de los Estados miembros para adquirir la nacionalidad del país comunitario que les acoja y seguir con sus actuales cometidos, pero al servicio del benefactor.
No es solo competir por ser domicilio de empresas y sedes comunitarias radicadas hoy en Londres, como la Autoridad Bancaria Europea (ABE) o la Agencia Europea de Medicamentos, que con el brexit deberán buscar otros aires, es que España, que está infrarrepresentada en los organismos europeos, debe recuperar terreno y comprar esa capacidad negociadora de los británicos para acercarse a aquellos que, como Italia, tienen connacionales por todas partes.
Desde que los ingleses eligieron en referendo el control restrictivo doméstico de la inmigración por encima del acceso a la libertad de circulación de personas, capitales, mercancías y servicios, los ciudadanos del Reino Unido están cada vez más enfadados y sus políticos más perdidos para sustituir de la noche a la mañana cerca de 100.000 leyes y tratados internacionales.
Y cuando eso ocurrió y abandonaron por desidia y populismo su raigambre liberal y la cambiaron por el proteccionismo nacionalista, varios países de la UE iniciaron un maratón para hacerse con los principales activos que saldrán de Londres para ubicarse en otras plazas europeas, si es que el Reino Unido no se arrepiente antes del disparate. España debe correrlo con inteligencia porque los beneficios que reportarán las sedes comunitarias, los bancos de inversión, los fondos de capital riesgo y las multinacionales que se instalen en nuestro país en busca del pasaporte europeo paliarán, en parte, los daños del dislate británico.
Mientras se corre la carrera, la última cumbre de Bruselas aprobó la declaración que se pronunciará en los festejos del 60.º aniversario del tratado de Roma (25 de marzo), y que marcará el paso adelante de la UE tras el brexit y la irrupción de Donald Trump. Alemania, Francia, Italia y España escenificaron el 6 de marzo en Versalles el núcleo duro de una Europa de varias velocidades que supondrá un nuevo impulso al proyecto europeo en las áreas la defensa, seguridad, protección de las fronteras, lucha contra el terrorismo, economía, crecimiento y empleo juvenil. Y todo dentro de una UE más a la carta en la que no todos sus miembros se sumarán al pleno de los proyectos de integración, como refleja el Libro Blanco elaborado por la Comisión Europea y presentado por Jean-Claude Juncker, o un documento franco-alemán que habla de un núcleo federal para los que quieran ir más rápido, otro confederal y un tercero de cooperación. Eso si a Francia no la guillotina en mayo Marine Le Pen.