¡Que no te engañen! Décadas de nacionalcatolicismo han dejado adherencias en nuestra voluntad. Necesariamente, la coerción de la dictadura atrofia la asertividad; a diferencia de, por ejemplo, la república que, en su expresión genuina, exhorta al ejercicio de la ciudadanía, haciéndose respetar por sus representantes.
Las secuelas de ese periodo tenebroso de nuestra historia reciente no desaparecen en pocas generaciones de democracia; seguimos siendo un pueblo sumiso que acata las disposiciones gubernamentales con tal falta de sentido crítico que conceptos como el «buen gobierno» resultan de un exotismo deprimente. Somos, además, patológicamente indulgentes con el fraude y la corrupción.
Mientras en Europa un/a ministro/a dimite al poco tiempo de publicarse que copió la tesis doctoral décadas atrás, o que abusó puntualmente de las dietas de alojamiento, o que aceptó indebidamente un regalo, aquí -y obsérvese que, en esto, nos saco de «Europa»- tenemos un rector que fusila a conciencia textos de sus colegas, y una clase política que compite en una olimpiada de latrocinio de la que solo trascienden algunas «gestas». Algunos de los casos que acaban aflorando son tan osados, que resulta imposible estimar la magnitud del submundo del que forman parte. No nos hacemos una idea de la ingente cantidad de dinero público que se va por el desagüe del fraude, la corrupción y la elusión/evasión fiscal, amparados por gobiernos que se han alternado en la indolencia a la hora de hacer frente a este bochorno endémico.
Un país en el que a un alto cargo se le proporciona una vivienda, o pabellón, porque es costumbre, no estando estipulado por la normativa, dice mucho de sus «costumbres».
Pero es aún peor si a las actividades ilegales añadimos las ilegítimas; por ejemplo, aquellas que generan importantes perjuicios a la población pero son «legalizadas» por la confabulación entre el poder político y el económico, en su propio beneficio.
Hace un par de semanas recibimos en el Parlamento Europeo a la Red Municipalista contra la Deuda Ilegítima y los Recortes, convocada por Tania González y Miguel Urbán. Allí tuvo lugar una interesante jornada de trabajo con representantes de diferentes ayuntamientos del Estado español, entre los que se encontraba la vicealcaldesa de Oviedo, Ana Taboada, y de otros países del Sur. Se presentó allí el Manifiesto de Oviedo contra el endeudamiento ilegítimo y los recortes que impiden garantizar derechos, servicios de calidad y la mejora de las condiciones de vida de nuestros pueblos. Un documento que es una declaración contra una política que legisla en contra de la ciudadanía y a favor de los bancos, consolidando un sistema económico que detrae recursos, públicos y privados, del conjunto de la población para favorecer su concentración en manos de la «élite extractiva» (Acemoglu & Robinson): la infame modificación del artículo 135 de la Constitución, que antepone el pago de la deuda, por abusiva que sea, al de los servicios públicos; la «ley Montoro» que coarta drástica e injustificadamente la actividad de los ayuntamientos; el rescate a bancos especuladores a la vez que se recorta en servicios públicos, etc.
Mientras escuchaba las intervenciones de los regidores alentando la más que razonable insumisión ante el abuso institucional, tuve la sensación de ser partícipe de una reunión furtiva en una sala que, sin embargo, no deja de ser un espacio de la representación formal de la ciudadanía europea. Y es que aquel autoritarismo del que hablaba al principio, deja una impronta que se manifiesta, de alguna manera, a través de las actitudes de muchos de quienes ejercen el poder en este país, en una cultura democrática disfuncional; un contexto que, en mi caso y a mi pesar, provoca, a veces, respuestas contradictorias.
La «deuda odiosa» o ilegítima es un concepto del Derecho internacional formalizado por el jurista ruso Alexander Sack en 1927 y resumida por el economista Jeff King como «aquella contraída contra los intereses de la población de un país y con el completo conocimiento del acreedor».
Aunque se formalizó para las deudas contraídas por un país, me parece que debemos exigir, en cualquier nivel administrativo, el rechazo justificado a pagar las tropelías resultantes del opaco compadreo público-privado. Es tiempo de erradicar este parasitismo corporativo.
Cuando se auditen las cuentas de las instituciones manejadas como cortijos por quienes no solo no nos respetan, sino que nos desprecian cuando les exigimos responsabilidades que se dan por supuestas, y aparezcan más facturas inverosímiles de M-treintas, puertos y aeropuertos, autopistas radiales, ciudades de la justicia, auditorios, calatravas, gestiones privadas de hospitales públicos o de servicios de agua, de basuras, y a saber, veremos…
Veremos si para entonces seguimos cabizbajos frente a quienes, por muy encorbatados que vayan, son los verdaderos antisistema.
¿Y la próxima semana?
La próxima semana hablaremos del gobierno.