Recortes de aulas y redes educativas


La semana pasada el Consejero de Educación y Cultura intervino en el Pleno de la Junta General del Principado de Asturias para dar explicaciones, a petición de Foro, sobre la supresión de 32 aulas en la red educativa concertada, prevista a partir del próximo curso. El titular del área, Genaro Alonso, puso la cifra en su contexto, aportando los datos de la reducción de aulas programada en la red pública, en número de 44 (27 en Infantil y 17 en Primaria), invocando un criterio de reducción equilibrada de aulas en las dos redes, para soportar proporcionalmente la disminución de matrícula por el simple y áspero hecho de que en la Asturias de hoy los guajes son una perla que escasea (por ejemplo, 2.469 niños menos en Educación Infantil, en el curso 2012-2013). El Consejero señaló que, siguiendo de manera estricta los criterios aplicables, el número de unidades a suprimir sería en ambas redes aún superior y que la Administración educativa despliega todos los esfuerzos posibles para minimizar el impacto, sobre todo teniendo en cuenta lo que comporta la supresión de aulas y el cierre de colegios en entornos menos poblados, desde el punto de vista territorial y social (y desde luego, en el ánimo de la población). Los efectos de la pérdida de habitantes y del envejecimiento de nuestra sociedad, de los que se ha venido hablando durante años, comienzan a presentarse con toda su crudeza. Sin un mayor dinamismo económico, aumento de la población activa, atracción y fijación de flujos inmigratorios, y expectativas para formar una familia en quienes quieran optar por ello, vamos a tener un problema muy serio y endémico de sostenibilidad de los servicios públicos, de los estándares de calidad de vida que -pese a no pocas dificultades- se disfrutan en esta Comunidad y de nuestra forma de organización social, en un plazo de tiempo más breve de lo que se piensa.

Nadie que siga con un poco de atención la vida política de nuestra Comunidad Autónoma le niega a este Consejero de Educación el reconocimiento sobre su dominio de la materia y su compromiso con los mejores valores de promoción social del sistema educativo. El problema, sin embargo, es que la reducción de aulas agudiza una contradicción siempre latente en nuestro diseño educativo, entre red pública y red concertada, que evidentemente trasciende y supera a los gobiernos autonómicos y a sus responsables de la materia. La fricción se acentúa cuando disminuye el número de alumnos y surge la legítima pregunta sobre si las funciones confiadas a los poderes públicos para asegurar la escolarización no podrían buenamente efectuarse, en mayor medida, a través de los centros públicos, dotándolos de más medios y potenciando su consideración de elemento de cohesión social y vertebración territorial. Los centros concertados, orientados en una buena parte -si nos atenemos a su mensaje publicitario- a la competitividad y la diferenciación que les distinga del común (mucho más que el ideario), podrían llevar su tarea alejados del sostenimiento con fondos públicos, ya como centros estrictamente privados. Dicho proceso, evidentemente, no podría ser en modo alguno abrupto, sino gradual. Y no debería significar, en absoluto, reservar la calidad educativa para los centros privados sometidos a los criterios selectivos del mercado, con los que parecen sentirse cómodos, porque hasta el momento -aunque siempre haya riesgos a combatir- los estándares de éxito escolar en Asturias son razonables (sobre todo en comparación con otras Comunidades) también en la red pública y el tamiz común de la Prueba de Acceso a la Universidad (que este año será sustituida por la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad, de objetivos en cierto modo similares) venía a desmontar repetidamente bastantes mitos en el contraste en la formación de los centros públicos y los concertados.

Es verdad que se cuenta con una limitación notable, que reside en la definición, con raigambre constitucional, de un modelo en el que se pretende evitar un exclusivo protagonismo de la red pública y se otorga a la iniciativa privada un papel significativo, sobre la base de la sacrosanta libertad de enseñanza y la elección de centro (ésta, pretendidamente reforzada en la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa). Se ha configurado, en suma, un sistema en el que la garantía de la escolarización no sólo se procura a través de los centros públicos, sino que se reserva a la red concertada un papel capital para ello, de acuerdo con la vieja diferenciación económica entre provisión y producción de bienes públicos. Además, las facultades de control que se conceden a la Administración pública sobre la red concertada no parece que se ejerzan en la práctica con toda su amplitud, para asegurar el efectivo cumplimiento de la normativa y su espíritu, desde cuestiones de conciencia como la previsión de que la práctica confesional tenga carácter voluntario (lo dice nuestra Ley Orgánica del Derecho a la Educación, artículo 52.3, respecto de los centros concertados), hasta la comprobación del carácter no lucrativo de actividades complementarias, extraescolares y servicios escolares, y el sometimiento a autorización del posible cobro de cantidades por ello (nuevamente la LODE, artículo 51.2). Aspecto este último sobre el que la Sindicatura de Cuentas, por ejemplo, ha reclamado recientemente efectivas comprobaciones a la Consejería de Educación (informe sobre los conciertos educativos en el curso 2013-2014), entre otras observaciones del órgano fiscalizador.

Parece claro que el contexto demográfico y las redobladas pulsiones dirigidas a mercantilizar y convertir la educación en objeto de diferenciación social, harán cada vez más intensa esta contradicción. Hasta el punto de que debe superarse el paradigma hasta ahora asumido, por el que la enseñanza concertada ha podido tener un despliegue muy notable. Es el momento de robustecer el carácter integrador y de garantía de igualdad de oportunidades de la red pública, priorizando en ella de forma más acusada los recursos y los esfuerzos de mejora de su calidad, sin perseguir equilibrios con la red concertada que cada vez parecen más difíciles, por no decir inviables, y que quizá no sean ahora necesarios como lo pueden haber sido en el pasado. Para ello harán falta modificaciones legislativas, sin duda; pero también que, en la medida de lo posible, el ejercicio de las competencias y facultades de las que se dispongan demuestre de manera clara las prioridades que se manejen.

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