Ignacio González González, 56 años, fue una de las promesas del Partido Popular. Protegido por el paraguas de Esperanza Aguirre, fue su poderoso vicepresidente en la Comunidad de Madrid y su sucesor en la presidencia cuando la señora Aguirre presentó su dimisión. Su estrella empezó a declinar cuando se supo la rocambolesca historia del alquiler o compra de un ático en la Costa del Sol, que le impidió ser señalado por el dedo de Rajoy como candidato en las elecciones autonómicas. A partir de ese momento empezaron a ser creíbles los rumores de enriquecimiento, de manejos poco decentes en el gobierno del Canal de Isabel II, de uso indebido de sus influencias; de corrupción en una palabra. Pero no eran más que rumores hasta que ayer, a las 9 de la mañana, la Guardia Civil procedió a su detención.
Los ocho delitos que se le atribuyen parecen un compendio del Código Penal: hay pocos que presuntamente no haya cometido. Si se consiguen demostrar, estaremos ante uno de los grandes corruptos. Y doña Esperanza Aguirre, que tanto le quiso y tanto apreció su capacidad de gestión, ya tiene un motivo para arrepentirse toda su vida: en su día le dedicó las palabras más elogiosas y le otorgó el beneficio de su absoluta confianza. Y tiene también un motivo para la inquietud: que las andanzas de su colaborador y protegido le supongan un corte abrupto de su larga carrera política.
El daño para el Partido Popular es inmenso. González no fue un concejal de pueblo, sino un dirigente significado. Lo que hizo -siempre presuntamente- ha sido mucho peor que utilizar el Canal y quizá la Comunidad de Madrid como empresas privadas. Ha sido usar sus recursos públicos para operaciones fraudulentas para el enriquecimiento personal. Si resultó asombroso escuchar a Prenafeta que había defraudado 14,9 millones de euros, las cantidades de González pueden triplicarlos. El PP se enfrenta a un nuevo y gravísimo caso de corrupción que empaña aún más su imagen ética y hace difícil su defensa: son demasiados escándalos para que sea posible la indulgencia. No es el partido de la corrupción, como dicen sus adversarios; pero parece que lo ha sido.
Lo único que transmite tranquilidad es que el Estado de derecho funciona. Es lento, ya lo sabemos. Pero ni la investigación de la Guardia Civil ni la actuación de los jueces dejan lugar a dudas de que se persigue el delito sin mirar la filiación del delincuente. Les importa poco que pertenezca a la élite del partido gobernante. Están haciendo una revisión profunda de los años de los grandes robos. No sabemos si están investigados todos los que fueron. Pero con los que están detenidos tenemos una primera conclusión: son una barbaridad. Por número y por poder.