Cuando saltó la operación Lezo, parecía un caso de corrupción personal. Como mucho, familiar o de clan de amistades, dada la cantidad de miembros de la misma familia y amigos detenidos o investigados. Por eso ayer terminaba esta crónica diciendo que la aspiración del PP era demostrar que todo se reducía a una trama de delincuentes que se aprovecharon de su poder para meter la mano en la caja. Es decir, la misma filosofía con que se quiso escurrir el bulto ante la Gürtel: unos cuantos aprovechados se habían querido enriquecer a costa de la fuerza política que pagaba sus servicios. Todos lo recordamos y la historia terminó como terminó: llamando a declarar a todos los secretarios generales del PP. Y el último, Mariano Rajoy.
El caso González y cómplices puede terminar igual. Los registros efectuados en empresas no se hicieron para averiguar qué cantidad de agua del Canal de Isabel II consumían o si pagaban los recibos. Se hicieron en busca de otros delitos que se resumen en uno: cohecho. Se trata de lo de siempre: de encontrar pruebas de pagos a cambio de concesión de obras y servicios. Y cayó el primero: Javier López Madrid, de altas amistades, yerno de Villar Mir, ya procesado por las tarjetas black y que, según los indicios de que dispone la prensa, tuvo la generosidad de donar al PP de Madrid algún dinero para contribuir a la mejor gobernación de la Comunidad. Es decir, para que OHL, la empresa del suegro, pudiese construir un ferrocarril local que, por cierto, no se construyó. Un patriota.
Y aquí empiezan los misterios. Primer misterio: según las informaciones, esa desinteresada aportación se destinó a pagar deudas de las elecciones del 2011. Pero las deudas debían de ser a empresas helvéticas, porque el dinero tomó un camino que conoce muy bien de tanto recorrerlo en viaje de ida: el camino de Suiza. ¿Tendrá el PP cuentas en Suiza? ¿O lo destinado al partido se quedó también en bolsillos particulares, como si hubiese más de un Bárcenas en la organización?
Y segundo misterio: la entrada en escena del señor Moix, fiscal anticorrupción. Aunque la versión oficial habla de «diferencias técnicas», parece que a este señor le pareció excesivo el calificativo de criminal a la trama y ordenó que se borrara. También le pareció excesivo registrar la empresa Inassa y, según la versión más favorable, quiso retrasarla. Magnífico ejemplo del encargado de perseguir la corrupción. Con estos episodios colaterales solo pretendo llegar a esta conclusión: la operación Lezo es una cebolla; debajo de una capa hay otra. A lo mejor la cebolla es lo que hace llorar a Esperanza Aguirre. Y entre todas las capas, mucho juego de poder político y económico. No hizo más que empezar.
Los registros en empresas no se hicieron para averiguar qué cantidad de agua del Canal de Isabel II consumían o si pagaban los recibos. Se hicieron en busca de otros delitos que se resumen en uno: cohecho.