Impuesto de Sucesiones, parte de guerra


A nadie debe sorprender que, pese a los nuevos beneficios fiscales pactados sobre el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, primero en la Ley de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2017, y luego mediante otra reforma -cuya preparación se ultima- de la regulación autonómica del impuesto, continúe viva la reivindicación contra esta figura tributaria. No parecen haber aplacado los ánimos la subida prevista, hasta 300.000 €, de la reducción de la base imponible aplicable a los grupos I y II de parentesco (descendientes, cónyuges, ascendientes y adoptantes); ni la corrección del llamado «error de salto» que provocaba que, de una exención total en la práctica, se pasase a una tarifa elevada, aunque se superase por poco el umbral que daba pie a dicho beneficio fiscal; ni el mejor tratamiento en la deducción de la vivienda habitual (que se podrá vender pasados tres años y no a los diez, como hasta ahora); ni las nuevas ventajas para la sucesión en las empresas; ni la reducción prevista de la tarifa de Donaciones, cuyo tipo en el tramo inferior pasará del 7,65% al 2%. Ahora, ya no es cosa de retoques y se pide abiertamente la supresión, no sólo del Impuesto de Sucesiones sino también del de Donaciones. El apoyo a la movilización no parece haber decaído sustancialmente porque, en ciertos sectores sociales, ha calado hasta el tuétano el mensaje, y no es cosa ya de andar en lo que, llegados hasta aquí, consideran menudencias. Y es verdad que el respaldo no proviene necesariamente de personas adineradas que se limiten a velar por sus intereses o los de su estirpe (en perjuicio del común), aunque haberlas, haylas. Lo paradójico es que la quiebra de la conciencia fiscal es tal que personas que, con razón, se quejarán por las listas de espera en la sanidad pública, el estado de conservación de las carreteras, el retraso en las infraestructuras ferroviarias o la disminución de la cuantía de una beca, no son capaces de establecer la relación entre los problemas para obtener ingresos que sostengan los servicios públicos y esta especie de rebelión de los notables (como en la Francia prerrevolucionaria, no sabremos si la historia seguirá aquel curso) contra los tributos que gravan la riqueza recibida a título gratuito.

El problema, sin embargo, no está en los manifestantes ni en quienes azuzan esta postura. Tampoco está en las raíces profundamente reaccionarias de su pensamiento, que les llevan a pretender deslegitimar, con rabiosa y desvergonzada demagogia, las decisiones de la Junta General o, en un sarcasmo que revela el estado de las cosas, a amenazar con promover un «partido apolítico» (cuando pocas cosas son más políticas que la materia fiscal). El drama viene por la incomparecencia de la izquierda política y social, dejando el espacio franco a quien ha conseguido dominar la agenda pública en esta cuestión, hasta que ha resultado inevitable entrar en la competencia fiscal con otras Comunidades Autónomas. Era perfectamente explicable defender la pervivencia del modelo anterior a la reforma operada en la Ley de Presupuestos Generales para 2017, si los cambios se hubiesen limitado a corregir el error de salto y a revisar otro aspecto tributario con incidencia en la materia como es el criterio de valoración, a estos efectos, de los inmuebles urbanos transmitidos mortis causa. Pero la endémica falta de entendimiento de las fuerzas de izquierda depara esta clase de resultados: primero con las concesiones que, a falta de apoyos necesarios para la gobernabilidad, se han tenido que otorgar al Partido Popular y Ciudadanos, pero que no aseguran su lealtad con el resultado (lo que podría ser estimable) ya que el PP dice aspirar a la larga a su supresión; y, segundo y más importante, con la incómoda sensación de repliegue ante quienes añaden una muesca en la culata y fijan su próximo objetivo en esta carrera hacia el abismo de la insolidaridad y la descomposición social.

Ni la evidencia de que el Impuesto de Sucesiones (cuya supresión o armonización para todas las Comunidades, por cierto, sería competencia estatal), lo pagará, con la última reforma, sólo un 1% de los herederos de los grupos I y II, les detendrá. Los que pensamos que una sociedad madura y sólida sólo se construye minorando las desigualdades y gravando razonablemente las manifestaciones de la riqueza para obtener bienes comunes, o espabilamos (nosotros y, sobremanera, nuestros representantes), o nos comen crudos.

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